La Comisión que analizará la ley tendrá trece miembros: tres representantes del gobierno (de Salud, de Educación y del Consejo para las Personas con Discapacidad); seis legisladores (tres por la mayoría y tres por las minorías); un miembro del Ipross; otro de la Defensoría del Pueblo; uno de “las ONGs que tengan por objeto la protección de los derechos de las personas con discapacidad”; y un miembro por “los Consejos Locales para Personas con Discapacidad”.

La Comisión, por su parte, tendrá 180 días para expedirse en el objeto de “revisar la pertinencia, vigencia y eficacia de las acciones de protección de derechos contemplados” en la ley 2055, de “acuerdo a la realidad actual y asegurar el cumplimiento de los mismos, acorde con las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Según se informó desde la Legislatura provincial, “los planteos indican que esa ley merece modificaciones a partir de la presencia de una mayor complejidad en los problemas que, en general, afectan a las personas con discapacidad y a sus familias”.

Se “permite advertir una serie de nuevos temas a incorporar, como enfermedades propias del envejecimiento que provocan con el tiempo discapacidad”.