Diputados le dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Luego de una extensa sesión en la que expusieron más de 160 legisladores, la Cámara Baja nacional aprobó el proyecto de aborto legal por 131 votos afirmativos y 117 en contra. Luego, hicieron lo propio con el del Plan de los 1.000 días. Por Cuarto Intermedio

Crédito foto: Twitter Diputados ArgentinaCrédito foto: Twitter Diputados Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, y que contó con la presencia de miles de personas durante ese tiempo en las inmediaciones del Congreso, tanto para mostrar su apoyo como su oposición a la iniciativa impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

Entre sus principales características, se establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Por otra parte, uno de los principales cambios que se introdujo al texto original de la norma en los momentos previos a se emitiera el dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto, fue el referido a la “objeción de conciencia”. En este caso, se acordó que las instituciones médicas podrán no realizar la práctica pero que sin embargo deberán derivar -y hacerse cargo de lo que ello conlleva- a las pacientes para su atención.

En definitiva, se aclaró que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con los profesionales para realizar la interrupción voluntaria del embarazo por “objeción de conciencia”, deberán prever y disponer la derivación a un establecimiento de similares características donde sí pueda realizarse la intervención.

Otra de las modificaciones que fueron introducidas refiere al de los casos de las menores de 16 años que decidan abortar, el cual indica que se requerirá su consentimiento para ello y que se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, el cual indica que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.

Dicho artículo, establece que “se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni compromete su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.

De la misma manera, también se acordó sumar un párrafo al artículo 5 de la iniciativa, donde se señala que el abuso sexual en menores de edad debe ser comunicado de acuerdo al artículo 30 de la Ley 26.061 y el artículo 72 del Código Penal que lo reconoce como un delito de instancia pública.

En otro orden y ya promediando las 9 de la mañana del viernes, el cuerpo parlamentario también le dio media sanción, por unanimidad, al Plan de los 1.000 días, cuyo objetivo es el de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos en los primeros años de vida buscando para ello bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, así como también el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años de vida.

Entre sus principales características, establece una nueva Asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.

Asimismo, también amplía la Asignación Universal por Embarazo, que pasará a tener de seis mensualidades a nueve con el fin de poder abarcar la totalidad de la gestación; al tiempo que se ampliará el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la AUH, que hasta ahora se encuentran excluidas de este beneficio.

Por último y entre otras de sus características, contempla la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo así como también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes; y crea un Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de los niños recién nacidos.

Ambos proyectos, ahora, deberán ser analizados por el Senado en busca de su sanción definitiva. De acuerdo a las primeras versiones, podrían hacer su arribo al recinto para antes que finalice el mes de diciembre.