La legisladora provincial cordobesa Daniela Gudiño también solicitó saber si “además de la policía de la provincia, qué otros organismos y/o instituciones colaboran para intervenir en operativos de fiestas clandestinas”, y se indique si el “Centro de Operaciones de Emergencia (COE) tiene autorización para intervenir en fiestas clandestinas. En caso afirmativo informe cuál es el procedimiento para tal intervención”.

“Como es de público conocimiento, las fiestas clandestinas en la provincia de Córdoba son un problema que contribuyen a la difusión del COVID-19 por la alta probabilidad de contagio debido a la falta de protocolos y controles por parte de la autoridad”, dijo.

“Y si bien, la ciudadanía desea colaborar para evitar la realización de este tipo de eventos -agregó- comunicando a las autoridades, en muchos casos no son atendidos o los teléfonos no son contestados a la hora de realizar las denuncias correspondientes”, fundamentó Gudiño.

“Existe un agotamiento del tejido social familiar por un año de encierro, por incapacidades propias de un gobierno que no supo generar los espacios con los protocolos suficientes para evitar la ruptura familiar. Los jóvenes y adolescentes sufrieron el encierro y, ante la inacción de las autoridades por resolver este problema, resultó peor el remedio que la enfermedad, y hoy se deben lamentar contagios de COVID-19 que podrían haberse evitado con los protocolos pertinentes”, finalizó.