Se trata del fallo que en el arranque de la pandemia del coronavirus había dictado el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini, disponiendo que en los casos en que fuera posible se dispusiera la prisión domiciliaria de los detenidos, como una forma de descomprimir la superpoblación carcelaria.

En mayo de 2020, la Suprema Corte bonaerense lo revocó y ordenó que los pedidos de domiciliaria de los detenidos sean analizados caso por caso.

Los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio  Torres y Eduardo de Lázzari reenviaron a los magistrados de primera instancia de cada caso la revisión y evaluación de los pedidos de prisión domiciliaria que fueron formulados por los detenidos que se consideran en riesgo ante la pandemia.

El fallo disponía tomar en consideración “los derechos de las víctimas”, es decir, que las domiciliarias no pudieran ser resueltas sin incluirlos en las causas.

El defensor oficial ante la Corte Mario Coriolano (quien falleció tiempo después) apeló esa decisión, pero el Máximo Tribunal rechazó el planteo por razones formales.