Según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos, “la decisión fue adoptada en cumplimiento de una medida provisional dictada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas”.

En el lugar reclamado para el desalojo viven seis familias que, paralelamente a la situación que atraviesan, denunciaron internacionalmente al Estado argentino por la “violación al derecho a la vivienda adecuada” y solicitaron “la suspensión del desalojo forzoso”.

Pero mientras desde el Gobierno se impulsaba una solución “amistosa” con las familias en el marco de sus reclamos, el supuesto propietario del predio inició una acción de desalojo que hubiera -de concretarse- impedido cualquier negociación.

En ese contexto, el Estado argentino fue exhortado a “abstenerse de ejecutar el desalojo”.