Presentan proyecto de ley para proteger a los denunciantes y testigos de actos de corrupción

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical encabezados por el chubutense Gutavo Menna, propusieron la creación de una agencia para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción. “La corrupción provoca que recursos públicos terminen en los bolsillos de funcionarios y empresarios”, apuntaron. Por Cuarto Intermedio

Foto: Twitter Gustavo MennaFoto: Twitter Gustavo Menna

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un proyecto de ley para proteger a denunciantes y testigos de actos de corrupción, que garantiza confidencialidad y reserva de identidad, establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección.

“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, expresó el impulsor de la iniciativa, en la cual se analiza que la autoridad competente para recibir y otorgar medidas de protección sea el Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública; e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.

La propuesta, además, recoge recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia.

“La corrupción provoca que recursos públicos que funcionan para la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general, terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto”, agregó Menna.

Entre otras previsiones contenidas a lo largo de 64 artículos, el proyecto crea la Agencia Nacional de Protección a Denunciantes, Testigos e Imputados, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: se trata de un organismo con autonomía y autarquía funcional, cuyo director, nombrado mediante concurso público de antecedentes, tendrá una duración de 6 años en sus funciones.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los diputados nacionales radicales Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.