El pedido de desafuero de Bussi fue solicitado por el juez Guillermo Matías Puig, a cargo del Juzgado de Instrucción Conclusional I, en el marco de la causa que investiga al legislador tucumano por el presunto abuso sexual de una mujer cuya identidad se mantiene bajo reserva por la Justicia.

Según consta en la denuncia realizada, en junio de 2020 la mujer trabajó durante 2019 como colaboradora en algunas actividades del partido Fuerza Republicana, que preside Bussi, y a comienzos de este año tomó conocimiento de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos.

Según explicó en ese entonces el abogado de la denunciante, Salvador Iovane, la mujer intentó sin éxito resolver esa situación por cuenta propia “pero no pudo”, tras lo cual “acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”.

Debido a que Bussi fue denunciado en el 2020, el expediente se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, que establece que el legislador debido a sus fueros, debe ser sometido a una “investigación jurisdiccional”, la cual “no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad”, de acuerdo con el artículo 14.