La propuesta apunta a incorporar el artículo 50 bis a la ley electoral. El artículo establecería lo siguiente: “Todo funcionario público nacional, provincial o municipal elegido por voluntad popular deberá cumplir al menos la mitad del mandato para el cual fue electo por lo que se encuentra inhabilitado para postularse para otro cargo electivo antes de finalizado dicho plazo. Si finalizado el mismo resulta electo a un nuevo cargo público, deberá asumir el nuevo mandato”.
Al fundamentar la idea, Fabre señaló que “las candidaturas testimoniales a nivel nacional en la década pasada, y el incumplimiento serial de los mandatos electorales en los últimos años en Córdoba, han ocupado y ocupan parte del debate político e institucional”.
“Ambas prácticas constituyen malformaciones éticas al sistema de representación. La oferta electoral presupone un compromiso de carácter político y se perfecciona con el sufragio, el incumplimiento de ese contrato implícito genera consecuencias dañosas en la confianza ciudadana, en la actividad política y en el sistema de representación establecido en el primer artículo de nuestra Constitución Nacional”, agregó.