Esta Legislación es una especie de continuación de Ley 52/2007 de Memoria Histórica, que de alguna forma pretende reparar los daños y perjuicios a las víctimas de la dictadura franquista ocurrida en España entre los años 1939 y hasta 1983… por lo que como novedad también se incluyen siete años posteriores al franquismo (1975), cuando ya en España se vivía en democracia. A mi juicio, es una ley excesivamente politizada, muy teórica, burocrática, cargada de resentimientos, y de escasa aplicación práctica y que, aunque con buenas intenciones, no viene a solucionar ni innovar nada, puesto que hablamos de hechos y víctimas fallecidas hace más de 50 años.

Como botón de muestra de esta paranoia legislativa, citar sólo que la Exposición de Motivos de la ley contiene más de 13 páginas y fue, tanto en el Congreso como en el Senado, la parte más discutida y debatida, con centenares de enmiendas para retocar o rectificar expresiones o palabras de cómo referirse al anterior periodo político, a sus víctimas, y en especial, a las diferencias que pudo haber entre los diferentes bandos durante y después de la Guerra Civil española.

En lo concerniente al título de este artículo de opinión, y como parte de las reparaciones a las víctimas de la dictadura franquista, la Disposición Adicional Octava de la ley establece la posibilidad de que los hijos, nietos y bisnietos de aquellos españoles que en su día perdieron la nacionalidad española (Ojo, novedad: y sin necesidad de acreditar que fueron víctimas del exilio o de cualquier otra persecución ideológica) puedan ahora solicitar la nacionalidad española.

Una norma que, según el abogado barcelonés de origen cubano, Ariel Fraga, toda una autoridad en esta materia, tendrá grandes dificultades de aplicación, por cuanto que “los problemas documentales podrán ser obstáculos insuperables”, “los consulados están muy saturados”, y “habrá que prepararse profesionalmente muy bien”, recomendando encarecidamente tramitar sólo con especialistas cualificados, para evitar denegaciones y poder recurrir con éxito si fuese necesario.

Se incluye también el derecho a optar a la nacionalidad española a los hijos mayores de edad (y obvio que a los menores) de aquellas personas que opten ahora por esta Ley, y a los hijos de aquellos que optaron por la ley 52/2007.

Es importante destacar que este derecho no es indefinido, sino que la misma ley establece un límite temporal para las solicitudes, que podrían presentarse en cualquiera de los Consulados de España del mundo (veremos si les dotan de personal y medios para esta avalancha), hasta la fecha límite del 20/10/2024, reservándose el Gobierno la potestad de poder renovarla sólo por un año más.

Quienes han seguido el trámite parlamentario de esta ley ya saben que quizás estos derechos a adquirir la nacionalidad española sean revocados incluso antes de la fecha arriba citada, puesto que todos los partidos de la oposición, en especial el Partido Popular y VOX, han manifestado su absoluta decisión de derogarla si llegan al gobierno; y teniendo en cuenta que las próximas elecciones generales serán en noviembre de este año, podría darse el caso de que en poco MENOS de un año, y si se cumplen las expectativas de las encuestas de intención de voto, la ley sea finalmente modificada o derogada. ¡Así es la política!

En cualquier caso, se ha abierto una puerta fabulosa, imperdible y extraordinaria para que cientos de miles de personas, especialmente en Sudamérica, puedan, en poco tiempo, ser españoles, y con ello, aprovechar la excepcional oportunidad de cambiar sus vidas (todos saben que el pasaporte español permite vivir en los 27 estados de la Unión Europea, y acceder sin visado a más de 150 países incluyendo los Estados Unidos).

También para España, como país, es muy positivo, pues se amplía su influencia en el mundo, y seguro conseguirá atraer más talentos e inversiones, tal y como ocurrió con la Ley 12/2015 que otorgaba la ciudadanía a los descendientes de los sefarditas.

*Economista, Consultor Jurídico-Legal.