Según se desprende del informe de la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, el mes de marzo pasado finalizó con 11.424 personas detenidas establecimientos del Servicio Penitenciario Federal en todo el país.
En el marco de una sesión extraordinaria, la Legislatura de Neuquén aprobó por 21 votos positivos la declaración de la emergencia penitenciaria en todo el territorio provincial por un plazo de tres años, prorrogable por igual período.
Legisladores neuquinos presentaron un proyecto de Resolución ante la Legislatura local para conocer la situación carcelaria en la que se encuentra la provincia. Piden que se informe, entre otras cuestiones, respecto a la población carcelaria y su acceso para finalizar ciclos de educación formal.
El jueves pasado se conocieron las amenazas telefónicas al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de esa ciudad, Susana Pepino; y al senador provincial por General López, Lisandro Enrico (Unión Cívica Radical).
Desde el Gobierno nacional resolvieron extender por otros 180 días la intervención del organismo, el cual fue declarado en emergencia en marzo de 2019. Asimismo, también se extendió la designación de su titular, María Laura Garrigós.
La Corte Suprema de Justicia desestimó una apelación de un defensor oficial contra el fallo que dejó sin efecto la orden de buscar medidas alternativas para los presos tendiente a reducir el riesgo de contagio en el interior de las cárceles.
La PROCUVIN informó que el único deceso por coronavirus en establecimientos federales durante el corriente año se produjo en el complejo de Villa Devoto. Por otro lado agregó que en los primeros tres meses del 2021 se registraron 577 personas con diagnóstico positivo de la enfermedad, siendo que los mayores incrementos de los casos ocurrieron entre enero y febrero.
El senador provincial Lisandro Enrico (UCR) propuso que los presos realicen alguna tarea mientras cumplen su condena. “Ahora empieza el camino legislativo que busca promover este cambio de a poco, porque no va a pasar de un día para otro”, sostuvo.
Así se desprende del informe anual sobre muertes en contexto de encierro elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim. Fueron 58 decesos en establecimientos federales. La cifra representa un aumento del 16 por ciento en comparación al 2019.
En el trabajo realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim se observó que la implementación de medidas alternativas frente a la crisis sanitaria llevó a un descenso de la cantidad de personas detenidas en cárceles federales.