Mario Domingo Rulli, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, pese a que tiene menos de 70 años de edad.
El ex juez salteño Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, afrontará finalmente un juicio oral y público acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador provincial, y el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos de los hechos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia la dará inicio al proceso en el que se encuentran imputados un ex fiscal y un ex oficial del Servicio Penitenciario y jefe de la Guardia de la U7. Se trata del sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia.
El Tribunal Oral Federal de esa provincia iniciará el debate oral en el que habrá 35 acusados por crímenes cometidos durante la dictadura militar por los delitos de “privaciones ilegítimas de la libertad”, “veintidós desapariciones forzadas” y “seis ejecuciones”, entre otras acusaciones.
La Cámara Federal de Casación firmó un fallo que pasó inadvertido pero que tiene una repercusión similar a la fallida sentencia de la Corte Suprema sobre la aplicación del “dos por uno” en causas de lesa humanidad por delitos cometidos durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín iniciará el debate por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar entre 1979 y 1980. Durante el proceso, se juzgará a los acusados por sus presuntas responsabilidades en los homicidios cometidos contra 94 víctimas.
La Corte Suprema ratificó las penas para tres condenados por el robo de un bebé nacido de padres desaparecidos durante la última dictadura, por el delito de “apropiación y cambio de identidad” de Pablo Javier Gaona Miranda.
La Cámara Federal rechazó apartar de una causa penal por imposibilidad de afrontar su defensa en virtud de su “edad avanzada” a un ex militar acusado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, en un episodio del que fueron víctimas integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que celebraran una asamblea días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El Máximo Tribunal de Justicia nacional determinó, de esta manera, que el beneficio no es aplicable para penas por delitos de lesa humanidad. La votación fue por cuatro votos contra uno.
Por mayoría, el Máximo Tribunal de Justicia revocó el beneficio con el que contaba el ex comisario acusado por delitos de lesa humanidad. En disidencia votó el nuevo presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.