Con el objetivo de contribuir en los procesos por infracción a la cuarentena, la Procuración General de la Nación habilitó la designación de un auxiliar fiscal para las fiscalías federales que se encuentren de turno. Es aplicable a las dependencias a las que no se le habían designado alguno anteriormente.
Cuatro magistrados presentaron sus renuncias, sumándose de esta manera a los otros cuatro que habían hecho lo propio a principios de semana. De esta manera, continúa la “sangría” de funcionarios del Poder Judicial mientras se discute en el Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen especial jubilatorio de ese sector.
El Máximo Tribunal de Justicia no hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada por la Asociación de Magistrados, por lo que todos aquellos funcionarios que hayan hecho su ingreso al Poder Judicial desde enero del 2017 pagarán ese gravamen.
El Defensor del Pueblo bonaerense acompañó la decisión del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para que se aplique el “Protocolo de investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres”.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, convalidó las modificaciones que se introdujeron por unanimidad en la Legislatura para que senadores y diputados provinciales puedan remover o suspender a los fiscales y fiscales adjuntos, y a los defensores provinciales y defensores adjuntos, si entienden que existen causales de mal desempeño, o comisión de delito doloso.
Por medio de una carta dirigida al Presidente Mauricio Macri, la procuradora General de la Nación presentó la dimisión a su cargo que se hará efectiva a partir del 31 de diciembre próximo. Había asumido en agosto del año 2012, en reemplazo de Estaban Righi.
Por medio de sendos Decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional designó a dos fiscales, seis vocales de Cámara y a un Defensor Público.
Por medio de la acordada 23/2017, el Máximo Tribunal de Justicia dispuso el registro de todas las fiscalías del país en el sistema de notificaciones electrónicas. La medida busca avanzar en el proceso de informatización y digitalización de los expedientes judiciales.
Luego de cinco jornadas intensas de debates que contaron con la participación de más de una veintena de invitados, los senadores finalizaron el tratamiento del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria por delitos contra la administración pública. Ahora se preparan para consensuar modificaciones con el objetivo de emitir dictamen.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento por prescripción a favor del ex director de Producción de Fabricaciones Militares, Antonio Vicario, uno de los primeros detenidos por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia en los años 90.