Se trató del segundo encuentro del Consejo Asesor Interinstitucional para la Reforma Procesal Penal en donde se analizaron, entre otras cuestiones, la adquisición de equipos informáticos y las adecuaciones institucionales que se deben reglamentar respecto del funcionamiento de la Oficina Judicial.
El Ministerio de Justicia nacional dispuso la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00 horas del 18 de marzo próximo. La medida se adoptó a partir de la grave situación de violencia en esa ciudad santafesina.
La misma se encontrará bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona y sus integrantes desarrollarán sus tareas “ad honorem”. En ese marco, se analizarán varios proyectos que fueron presentados en los últimos años sobre los cuales se considera que merecen consideración.
Tras una semana en la que la cartera de Justicia permaneció virtualmente “vacante” luego de que Marcela Losardo confirmara -puertas adentro- su salida del Gobierno, finalmente el Presidente designó al legislador rionegrino como su reemplazante. Cercano al kirchnerismo, el nuevo ministro buscará avanzar con los cambios impulsados al Poder Judicial.
El “ProFAPe” tendrá como objetivo realizar el diagnóstico de las necesidades de construcción, readecuación y ampliación, así como en el mantenimiento y reparación de establecimientos y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, entre otras falencias que se vayan identificando en los establecimientos carcelarios federales.
La ministra de Justicia se refirió a la controversia desatada por la liberación masiva de internos de las cárceles con la excusa de preservar sus condiciones de salud por el coronavirus. “No es un tema del Ministerio. El Poder Judicial es quien toma la decisión de detener a la personas, enviarlas a un centro de detención o excarcelarlas”, enfatizó.
El Ministerio de Justicia lanzó una nueva alerta relacionada con el coronavirus aunque, en este caso, no directamente con la pandemia sino con las consecuencias del aislamiento y las alternativas para relacionarse con el exterior a través de los medios electrónicos.
El Gobierno nacional aprobó la creación del programa que tendrá entre sus objetivos atender la problemática de vulneración del derecho a la identidad en hechos no ligados a los crímenes de lesa humanidad.
Mediante una Resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción oficializaron la puesta en marcha del Consejo que deberá monitorear periódicamente el avance y cumplimiento de las iniciativas incluidas en el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023.
El Ministerio de Justicia nacional presentó el protocolo que prevé un procedimiento de emergencia y evaluación de riesgo ante casos de violencia de género sufridos por mujeres con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.