La conmoción que causó el fallo de la sala segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal al ordenar la excarcelación de una veintena de represores que llevaban siete años bajo el régimen de prisión preventiva movió el avispero en la Justicia.

  (Cuarto Intermedio – 8 de enero de 2009)- El solo anuncio que hizo el fiscal de Cámara Raúl Plée sobre una apelación que presentaría horas después, derivó en la suspensión de lo que parecía la libertad inminente, entre otros, de Jorge “el Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.Fuentes judiciales revelaron que a partir de aquella situación “surgió”, acaso -sólo acaso- consensuada entre la Corte Suprema, el gobierno y los jueces federales, una suerte de estrategia para conseguir que los acusados por delitos de lesa humanidad lleguen presos a los juicios orales, que el propio alto tribunal argentino exhortó a acelerar.La mayoría de los juicios se realizarán a lo largo de 2009. Pero en febrero la Corte debe resolver la apelación de Plée, y podría confirmar las excarcelaciones, basada sobre tratados internacionales y legislación local en materia de garantías constitucionales.Ante ese escenario, fuentes judiciales aseguran que los jueces de primera instancia acelerarán la tramitación de causas que están retrasadas en su tratamiento, de modo tal de producir nuevos procesamientos con prisión preventiva que fuercen todo el proceso recursivo. Entretanto, los tribunales orales apurarán sus expedientes, para que las condenas (que se dan por descontadas) salgan rápidamente.Así, conseguirían que los detenidos hoy con prisión preventiva pasen a ser condenados, al menos en primera instancia, y permanezcan recluidos en cárceles comunes o, eventualmente, y ante patologías graves, en régimen de detención domiciliaria.