El crimen del taxista José Luis Rodríguez desnudó, una vez más, de qué manera las causas judiciales pueden politizarse según la conveniencia de las autoridades de turno.

  (Cuarto Intermedio – 26 de enero de 2009)- La difusión del prontuario policial de la víctima, así como de los detalles de la investigación que se filtraron pese al secreto de sumario implantado por el juez Ernesto Botto, jugaron funcionalmente en la disputa que sostienen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Pero afectaron gravemente la posibilidad de que la investigación llegue a buen término. Por lo pronto, cuando todos los medios de comunicación dejaban trascender que el automóvil secuestrado en la localidad bonaerense de Villa Maipú como presuntamente participante del hecho no tenía huellas dactilares en su interior, la fiscal que había ordenado esa medida, Mariana García, carecía de información oficial al respecto. Más aún: 16 horas después seguía sin recibir informes de la comisaría. Ante esa situación, la fiscal decidió cortar por lo sano: le pidió el sumario a la comisaría Quinta y virtualmente la apartó de las medidas de prueba. En medios judiciales la medida fue interpretada como un mensaje al poder político, en especial al ministro Aníbal Fernández, quien tiene a su cargo a la Policía Federal.