Una presentación contra el matrimonio presidencial por su fortuna parece tener mayores visos de seriedad y, de hecho, ha generado preocupación entre los jueces, que deben resolver qué hacer con ese hierro caliente.

(Cuarto Intermedio  – 27 de julio de 2009)- Se trata de la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien desde febrero pasado viene batallando para que se impulse una investigación y ya realizó cuatro presentaciones, a cada cual con datos nuevos y más contundentes.

La última fue realizada a poco de reabrirse la actividad judicial tras la prolongada feria de invierno. Allí, advierte que el patrimonio del matrimonio  se septuplicó en los últimos años: “es el único caso en el mundo en que un país que registra formas republicanas y democráticas haya tenido al frente de su Poder Ejecutivo a dos personas con nivel de ganancias que mueven a asombro”.

Monner Sans pidió que se investigara “por qué el terreno fiscal de El Calafate, que pudo ser comprado en $ 132.000, fue vendido dos años después en $ 6.300.000”. También reclamó  “detallada explicación respecto de la venta del chalet familiar ubicado en Río Gallegos, duplicación del monto de alquileres de un año respecto del anterior, por qué los depósitos bancarios son en dólares en el 60% de plazos fijos” y, en ese punto, “cómo se pudo obtener un rendimiento de las imposiciones en dólares estadounidenses del orden -promedio- del 12% anual, habida cuenta de que el Banco Central tiene registrado que la tasa promedio para depósitos de más de un millón de dólares fue de menos del 3% anual”.

La presentación revela un detalle llamativo: la presidenta, Cristina Fernández, “hasta el 30 de junio de 2008, estaba inscrita ante AFIP como trabajadora autónoma, en tanto ello implicaba un ingreso de $ 15.000 al año”. Para ese entonces ya era presidenta de la Nación.