Seguramente hay varios temas difíciles de resolver en la Argentina contemporánea, pero uno de ellos es especialmente espinoso: la actividad de inteligencia y las operaciones y alcance de la Secretaría de Inteligencia (SI).
(Cuarto Intermedio – 29 de septiembre de 2009) – Los servicios de inteligencia en la Argentina de manera coordinada tienen sus orígenes en la presidencia de Perón, cuando a través del decreto 337/46 creó la Coordinación de Informaciones de Estado. Desde entonces, esta unidad sufrió numerosas transformaciones (de manos de Aramburu, Onganía, Lanusse) hasta que el presidente de facto Jorge R. Videla la denominó Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Durante el oscuro período denominado Proceso de Reorganización Nacional, la SIDE se transformó en una policía secreta que realizaba actividades de espionaje sobre los grupos guerrilleros, sindicatos o cualquier otro grupo considerado subversivo, llegando a participar, inclusive, en la “Operación Cóndor” junto a otros servicios de inteligencia latinoamericanos.
Tras el advenimiento de la democracia en 1983, el presidente Alfonsín decidió darle un aire renovador, y encaró una reforma cuyas características principales consistieron en dotar a la secretaría de personal civil que pusiese foco exclusivamente en las actividades de interés nacional. Desde entonces, todos los presidentes que hemos tenido han suscripto este principio, y la necesidad de continuar con reformas que garanticen la transparencia y prevengan el uso partidista y persecutorio de esta unidad política.
Lamentablemente, y aun contando con escasa información (por el carácter secreto de la mayoría de la operatoria), la sociedad argentina no ha expresado su estupor frente a la desprolijidad -cuando menos- que transmite todo lo que se refiere a la SI. Son de público conocimiento las publicaciones que aseveran que dicha secretaría observa a políticos y empresarios, opera en contra de grandes multimedios, ha intervenido teléfonos sin orden judicial y parece estar dispuesta a seguir lineamientos y órdenes que nada tienen que ver con los intereses nacionales. Recordemos que el artículo 4° inciso 2 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) establece que ningún organismo de inteligencia podrá, entre otras cosas, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, o laborales, etc.
Más aun: la reforma de 2001 creó, por ley, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, cuyo propósito es supervisar el funcionamiento de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional, asegurando que las actividades realizadas se ajusten estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Vale señalar que puede encontrarse en la simpática página de Internet de dicha comisión un solo documento de elaboración propia y un detalle de las actividades protocolares realizadas hasta el año 2007. No existe allí algún informe que trate la evolución, control, fiscalización y el estado de los organismos de inteligencia.
La SI tiene una historia reciente compleja. La investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires no tiene culpables, el caso AMIA sigue siendo un escándalo (donde se sospecha que la SI le pagó a un testigo para que cambiase su declaración) y los sobornos en el Senado siguen sin resolverse de fondo. El paco hace estragos en el conurbano y las mafias de medicamentos siguen cobrándose vidas.
Sería interesante que las diversas voces de la Nación (sociedad civil y poderes del Estado) se expresasen y pusiesen énfasis en la importancia que revisten las actividades de inteligencia para un país; y lo importante que es, de cara al futuro, dejar de lado prácticas mezquinas, cortoplacistas, antirrepublicanas y de dudosa legalidad.