Todavía queda esperanza; ¿no es acaso la esperanza lo último que se pierde? A pocos días de la votación en el Senado de la Nación del proyecto que regulará los servicios audiovisuales en la Argentina, todavía queda esperanza…
(Cuarto Intermedio – 5 de octubre de 2009) – El proyecto ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. Lo que lamentablemente no tiene, es una legitimidad de origen realmente abarcadora. ¿Cómo se explica entonces que haya tanta confrontación entre la oposición y el oficialismo en este tema, si desde 1983 en adelante se presentaron más de 70 proyectos de ley para superar la vigente ley 22.285? La respuesta a esta pregunta, creo yo, radica en que la actual propuesta tiene su origen más en la lucha entre el gobierno y el Grupo Clarín (que en realidad no es otra cosa que una disputa de poder), que en realmente proponer una versión mejorada para el conjunto de la sociedad.
La concentración nunca es buena para una sociedad, y en el caso que nos ocupa, surgen dos problemas más que importantes: el primero está relacionado al precio y al desarrollo de negocios. Cuanta mayor es la concentración, más se puede determinar el precio (la competencia del mercado deja de ser la fuerza que lo determina), y por tanto perjudicar a los usuarios de doble manera. Deben pagar más, o bien pueden recibir menos oferta, como resultado de que el grupo concentrado puede forzar el cierre o adquisición de sus competidores más pequeños (que por su escala terminan perdiendo). El segundo puede resultar más grave aún: en el caso del mundo de la información, la concentración puede llevar a reducir o limitar la libertad de expresión, un derecho humano fundamental garantizado por nuestra Constitución. Bienvenida sea, entonces, la iniciativa de superar una vetusta herramienta sancionada en 1980 (tiempos de la dictadura militar), que con sus distintas modificaciones no hizo más que promover la concentración.
Una ley superadora nunca puede surgir a partir de la confrontación. Debe ser la cristalización de un proceso de debate en el Congreso Nacional. Es por ello que el actual proyecto carece de una amplia legitimidad de origen. Se pretende aprobarla a libro cerrado, sin modificar ni una coma, sin que se discuta todo el tiempo que sea necesario, o se la perfeccione para llegar a la mejor ley posible. Se critica a la actual Ley de Radiodifusión por haber estado sancionada en la dictadura… sin embargo, el gobierno trata al Congreso como una escribanía, y negocia y presiona para que firmen y voten según su voluntad.
Sin entrar en una discusión eminentemente técnica, existen dos temas cuya futura interpretación judicial podría determinar la inconstitucionalidad de la norma. La primera y más importante, es la referida a la autoridad de aplicación (está lejos de ser democrática y cerca de ser funcional al gobierno). La segunda, el período para renovar las licencias (demasiado breve). Ya se eliminó la participación de las telefónicas, que lejos de ser una medida progresista, tiende a reducir la competencia y limitar el alcance de los servicios audiovisuales.
Podría afirmarse, casi con seguridad, que si el oficialismo y la oposición discutiesen a fondo estos temas, podríamos alcanzar la meta tan deseada.Pregunto: ¿No es hora, señores senadores y senadoras de la Nación, de tomar un tema tan trascendente como este en serio? Todavía existe una oportunidad. Hay tiempo de introducir cambios en la votación en particular.
Y sí, la esperanza es lo último que se pierde…