Néstor Kirchner decidió redoblar la apuesta y, retomando la iniciativa política, hizo sancionar por el Congreso la ley de 26.522, con la que reafirmó el poder político y el modelo que con su esposa detentan y pretenden imponer en nuestro país.                 Por Jorge Horacio Gentile*

(Cuarto Intermedio  – 21 de octubre de 2009) – Para ello eligió un tema que fue vital en la elección que perdió, y que será decisivo en la próxima, cuando se elija presidente de la Nación, como es el del manejo de los medios de comunicación audiovisuales; en la inteligencia que, con el triunfo de Francisco De Narváez, adquirió carta de ciudadanía en Argentina un nuevo tipo de político, millonario y mediático -como hizo su aparición en Italia, con Silvio Berlusconi, y en Chile, con Sebastián Piñera-, capaz de enfrentar y derrotar a candidatos del gobierno o a “caballos del comisario”, con recursos financieros y mediáticos propios.

Repitió lo de dividir la sociedad en dos bandos; como lo hizo con la Resolución 125, con la estatización de las AFJP, con los “superpoderes” y como es su relación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde que lo ejerce Mauricio Macri; interrumpió al diálogo, que con buen tino había inaugurado la presidenta; negó cualquier tipo de consenso con los del bando contrario; y colocó de señuelo, como el enemigo a derrotar, al grupo Clarín; como también lo había hecho, en el conflicto con el campo, con los “oligarcas” de la Sociedad Rural, o en el caso de las AFJP, con los capitalistas privados.

En el Congreso hubo un “debate de sordos” ya que en las comisiones de la Cámara de Diputados, se escucharon a representantes de distintos sectores sociales, pero el debate y la negociación, fue sólo con los potenciales aliados a quienes se les hicieron distintas concesiones, sin alterar lo sustancial del proyecto, a cambio de sus votos. En el recinto, con la inexplicable ausencia de la dividida oposición -que temía mostrar las deserciones de alguno de sus diputados-, fue una aburrida y larga sucesión de discursos, que pudimos apreciar por televisión.

En el Senado, cuando se consiguieron las firmas para el dictamen y los votos para la aprobación, se interrumpieron los informes de los invitados a las 4 comisiones y se pasó al recinto, con asistencia -esta vez- de los opositores, y a donde se escucharon casi 20 horas de discursos de los senadores, que apuntaron más al público televidente que a un debate, ya que el oficialismo no aceptó revisar el texto aprobado por Diputados, ni siquiera para salvar los gruesos errores de redacción.

En ambas Cámaras las mayoría de votos para sancionar la ley fue holgada.

Nadie defendió la ley 22.285 de la dictadura militar que se abrogaba, ni objetó los 21 puntos que la Coalición por una Radiodifusión Democrática sostiene desde el año 2004, ni a monopolio u oligopolio alguno.

En lo sustancial la nueva ley dispone que en un año (Art. 161) caducan muchas licencias, y otorga “superpoderes” al Ejecutivo para concederlas por sí, en las 8 ciudades que tienen más de 500 mil habitantes, o por intermedio de la Autoridad de Aplicación, ente autárquico donde el gobierno dispone de 4 de los 7 votos de sus integrantes, en los demás casos. 

Esto implica que el gobierno -no precisamente el Estado- y sus partidarios, dispondrán de más radios, cables y canales de televisión “publica”, no al estilo de la BBC de Londres o la RAI en Italia o Televisión Española, sino como lo vemos hoy en Canal 7 o Radio Nacional, medios al servicio del oficialismo de turno.

Las miles de licencias que se concedan en medios que sólo tienen alcance en las provincias, y los conflictos por interferencias o de otra índole, deberán ser resueltos, como ahora, en Buenos Aires, por el Poder Ejecutivo o la Autoridad de Aplicación Nacional. De descentralizar o de federalismo nada.

La ley no regula la distribución de la información ni la propaganda oficial.

Los demás cultos reclaman, con razón, similar derecho que la Iglesia Católica para acceder a licencias.

La presión que Guillermo Moreno hizo a los directivos de Papel Prensa muestra la intención de avanzar también sobre los medios gráficos.

Las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se produzcan por las caducidades de licencias que no estén vencidas las pagaremos, pleito mediante, los contribuyentes.

Todo esto se asemeja al modelo autoritario del venezolano Hugo Chávez Frías -aunque en nuestro caso sin la activa participación militar, ni el sustento de los petrodólares- en donde: la sociedad también fue partida por la mitad; los medios de comunicación están, casi todos, en manos del gobierno; los derechos humanos son sólo para los que comulgan con Chávez; el parlamento no tiene opositores y sus poderes han sido delegados al Presidente; la oposición esta reducida a los estudiantes ya que los líderes políticos son perseguidos o están en el exilio; la división de poderes y el federalismo son adornos institucionales que lucen solo en el texto constitucional; y la reelección presidencial es indefinida.

Sus seguidores de Bolivia, Ecuador y Nicaragua nos llevan todavía, por fortuna, alguna ventaja, porque el voto de los argentinos impidió acelerar la imitación.

Si a éste panorama se le suma el caos de los cortes de calles, rutas y manifestaciones de distinto tenor, el resultado es el desánimo, la incertidumbre y la inseguridad que padece la ciudadanía.

Pero aunque las esperanzas que despertó el último resultado electoral parezcan desplomarse, por nosotros y por nuestra posteridad, es necesario no bajar los brazos, porque no esta todo perdido, el mensaje del pueblo debe ser escuchado, el modelo político no puede ser otro que el de la libertad y la democracia que proclama nuestra antigua Constitución, lo peor que podemos hacer es callarnos o dejar que nos amordacen.

Hoy, más que nunca, el silencio no es salud.*Profesor de Derecho Constitucionalde las Universidades Nacional y Católicade Córdoba. Ex diputado de la Nación.