Un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal parece ratificar que la represión de Estado comenzó antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y complica, políticamente al menos, al gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

(Cuarto Intermedio  – 11 de noviembre de 2009) – Los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara, Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Liliana Catucci, respaldaron la continuidad de la investigación contra los ex militares Carlos Carrizo Salvadores y de Mario Nakagama, ambos acusados por la represión del intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, ocurrido el 12 de agosto de 1974, en el que habrían sido fusilados 16 guerrilleros del PRT y desaparecidos  tres miembros  de la Juventud Obrera Católica.

Aquel hecho tuvo una causa penal, resuelta en 1991, en la que los uniformados no fueron investigados. Pero tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, así como de los indultos, la investigación se reabrió en 2004 y allí sí cayeron imputaciones contra  Carrizo Salvadores y Nakagama.

“En la presente causa el hecho investigado es diametralmente opuesto, cual es determinar la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte de aquellos miembros integrantes de las fuerzas armadas y seguridad que habrían actuado en el episodio que diera origen a la causa principal”. En todo caso, la represión ilegal tuvo lugar en 1974, poco después de la muerte del general Perón. Es decir lesa humanidad pero en democracia.