La Suprema Corte de Justicia bonaerense adoptó una medida razonable y formal, que, sin embargo, parece esconder una más profunda y preocupante: resolvió someter a revisión a todos los vehículos judiciales con más de 12 años de antigüedad antes de darlos de baja y ordenar la compra de reemplazos nuevos.

(Cuarto Intermedio – 21 de enero de 2010)- En 2006, una normativa provincial dispuso la “destrucción de los vehículos del Poder Judicial que, previamente, fueran declarados en desuso”. Ello parecía contribuir a la reactivación de la industria automotriz, pero lo cierto es que vehículos oficiales con 12 años de antigüedad todavía funcionaban óptimamente. Sin embargo, eran destinados a chatarra, sin un debido control sobre sus condiciones generales ni sobre la totalidad de las piezas que iban a desguace.

El 9 de diciembre del año pasado, la Suprema Corte recibió un informe que confirmó que “algunos vehículos cuya antigüedad se condice con los 12 años estipulados en el decreto del Poder Ejecutivo se encuentran en un ‘estado general bueno’, resultando en consecuencia un dispendio económico solicitar su compactación”. Ahora, sólo se podrán compactar los que efectivamente no sirvan más. Y se deberá controlar que los autos sean efectivamente destruidos.

Bueno, al menos eso dice la decisión del tribunal…