La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó el despido de una abogada de la Inspección General de Justicia (IGJ), con casi 20 años de antigüedad,  acusada de haber montado una suerte de “kiosco” para cobrar como particular los trámites que debía realizar como agente público.

(Cuarto Intermedio – 10 de febrero de 2010)- Las maniobras, se pudo constatar, las realizaba también en connivencia con otros empleados “y terceros extraños a la dependencia”.

El dato curioso es cómo fue detectada tal irregularidad: mediante una cámara oculta sin autorización judicial. En febrero de 2003, la Oficina Anticorrupción dispuso la realización de la filmación, en la que quedó reflejado que “un empleado de la mesa de entradas recomendó a la doctora para la realización de trámites ante el organismo y proporcionó a los investigadores el número de teléfono celular de la profesional, informándoles que les podría efectuar cualquier trámite a menor costo que los gestores”.

Los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández determinaron que esa prueba era válida y suficiente para respaldar el despido de la empleada infiel.