Un proyecto de Unión PRO en el Senado propone aumentar controles, articular su actuación con la Bonaerense y dictar cursos.

(Cuarto Intermedio – 15 de febrero de 2010)- Según estimaciones oficiales, las agencias de seguridad privada que funcionan en territorio provincial cuentan entre sus filas a unos 60 mil efectivos. La cifra “en negro”, con todo, marca que esa verdadera fuerza paralela está conformada por unos 150 mil hombres. Cualquiera de los dos datos que se tome, marca una significativa superioridad en número a la Policía bonaerense, compuesta por unos 54 mil efectivos.

Ese dato, que se suma al de una enorme desorganización y falta de coordinación con la actividad de la Bonaerense, empujó al bloque de senadores provinciales de Unión Pro a la redacción de un proyecto de ley que será presentado en los próximos días que apunta a incrementar los controles y a coordinar el funcionamiento de esa actividad, fuertemente cuestionada por algunos sectores.

La iniciativa es impulsada por el titular del bloque, Alfredo Meckievi. El diagnóstico de base, explicaron desde el bloque, es que la ley en vigencia que regula la actividad de la seguridad privada es “desordenada y no contempla la posibilidad de trabajo en conjunto con la Policía”.

“Por eso, se apunta a jerarquizar la formación de quienes trabajan en esa actividad, a reestructurar el área del ministerio de Seguridad que se ocupa del control y a crear una instancia de formación seria para los agentes”, detallan.

El proyecto que será ingresado en el Senado en los próximos días plantea en su estructura básica un reordenamiento del área ocupada del control de esta actividad dentro del ministerio de Seguridad. Y propone que, desde ese espacio, se cree una suerte de curso de formación para los agentes de vigilancia privada.

Pero además, plantea un fuerte endurecimiento en los controles por parte del Estado hacia la actividad. Por caso, dispone que los monitoreos, y las sanciones, también se extiendan a los particulares o empresas que contraten esos servicios.

“Tal como está planteada la legislación, no se prevé sanciones para quienes contraten una agencia de seguridad que tenga entre sus filas, por ejemplo, personal en negro. Y nos parece importante que el accionar del Estado mire ambos lados de la cuestión”, detalla el senador.