El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se enfureció primero con un periodista y luego con su abogado. Fue cuando circuló una información que indicaba que había invocado la ley que derogó los delitos de “calumnias e injurias” para evitar un juicio que le entabló el intendente de la localidad bonaerense de Pergamino, Héctor María Gutiérrez.

(Cuarto Intermedio – 16 de febrero de 2010)- Ese, según Aníbal, es el único juicio que tiene pendiente. Y, según creía, había planteado una “falta de acción” porque nunca había nombrado a Gutiérrez, razón por la cual éste nunca pudo haberse sentido injuriado o calumniado.

Gutiérrez fue víctima de una operación política y quedó públicamente sospechado de regentear un prostíbulo en Pergamino en el que habrían trabajado menores de edad. Nada de ello fue probado, pero Gutiérrez, un cobista que era precandidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social bonaerense, fue bajado de la candidatura poco antes de las elecciones del 28 de junio de 2009.

Aníbal presuntamente aludió a él -sin nombrarlo- en una entrevista radial, y lo que siguió fue la demanda por calumnias a injurias. En el interín, el jefe de Gabinete redactó la ley 26.551, que derogó virtualmente esas figuras del Código Penal, como una forma de proteger la actividad periodística. Pero terminó protegiendo a un funcionario.

El abogado de Aníbal, Carlos Frasquet, planteó ante el juez federal Claudio Bonadío la ley que su jefe había redactado para zafarlo del juicio. Aníbal pensó que era una operación de un periodista que estaba diciendo mentiras, y operó para conseguir una desmentida. Pero cuando tuvo el fallo en sus manos y comprobó que todo era cierto, bramó contra Frasquet. O al menos eso hizo creer a sus interlocutores.

La cuestión es que Bonadío tiene ahora en sus manos, y con una recomendación de sus superiores de la Cámara Federal, la llave para cerrar el proceso contra el jefe de Gabinete.