Hernán Arbizu es un ex ejecutivo del JP Morgan reclamado en extradición en Estados Unidos por “fraude”. Arbizu es argentino y reconoce que cometió fraude con operaciones financieras, pero dice que fue empujado por la voracidad de la banca internacional.
(Cuarto Intermedio – 1 de marzo de 2010)- Arbizu se autodenunció ante la Justicia argentina. Le dijo al juez Sergio Torres que él formaba parte de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Dio nombres, fechas, montos y códigos de operaciones, pero la causa está parada desde hace dos años.
La semana pasada, después de que la Presidenta Cristina Fernández aludiera a él en una conferencia de prensa en la que contestó a un periodista de Clarín que le preguntaba por los dos millones de dólares que había comprado en 2008 el ex presidente Néstor Kirchner, Arbizu fue citado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Declaró durante cinco horas y describió operaciones de “back to back”, autopréstamos para dibujar asientos financieros en perjuicio del tesoro argentino. Explicó cómo era la estructura de inversión en bonos de la deuda austríaca, también en perjuicio de la Argentina.
También detalló la actividad de los “intermediarios financieros”, ex agentes contratados a dos puntas: su misión era conseguir clientes que tenían dinero negro que debían sacar del país, a cambio de una comisión sobre la ganancia de los bancos que realizaban las operaciones. Una comisión que, por cierto, se depositaba en el exterior y jamás era declarada en la Argentina.
Ese dinero terminaba depositado en paraísos fiscales. Los tradicionales, como Andorra y Hong Kong, y otros imprevisibles e insospechables, como el estado norteamericano de Delaware y el condado de Buffalo, en el Estado de Nueva York.
Arbizu contó maniobras con las AFJP, previo al traspaso al sistema público, una operación de 600 millones de dólares en obligaciones negociables en el marco de la compra de Cablevisión por parte del Grupo Clarín y emisión pública y recompra de acciones por parte de un importante banco privado que creció fuertemente en la última.
La información también está en poder de la Comisión Nacional de Valores. Hasta ahora, nadie parece haber tomado la decisión de avanzar a fondo en la investigación.