Por José Maldonado

(Cuarto Intermedio- 26 de marzo de 2010)- La decisión del gobernador Daniel Scioli de conmutar penas a tres condenados a prisión y reclusión perpetua disparó una fuerte reacción de legisladores provinciales de bancadas opositoras, que presentaron un pormenorizado pedido de informes para conocer detalles sobre esta medida.

En ese marco, criticaron que el mandatario no haya informado de esa decisión a la Asamblea Legislativa “tal como lo estipula el artículo 144 de la Constitución Provincial”.

El gobernador Scioli firmó tres decretos a través de los cuales les conmutó las penas a reclusión o prisión perpetua a tres hombres condenados por la Justicia provincial.

Los beneficiarios de la medida son Carlos José Suero Becerra, Elda Teresa Domínguez Núñez y Ricardo César Juanicotena Hiriart, según los extractos de los decretos respectivos informados en el Boletín Oficial.

Las resoluciones fueron publicadas en forma extractada. Así, no pudieron conocerse cuáles fueron los hechos delictivos por los cuales los beneficiarios habían sido condenados, ni otros detalles de los casos.

Si bien la conmutación de penas es una facultad que la Constitución de la Provincia le otorga al gobernador, la medida generó fuertes reacciones de la oposición, que se lanzó a criticar la decisión y la falta de información al respecto a la Legislatura.

Desde el bloque de diputados provinciales del GEN se motorizó en las últimas horas un pedido de informes por el que se solicita al Poder Ejecutivo que brinde precisiones sobre “las motivaciones y fundamentos” que dieron lugar al dictado de ese decreto.

En los fundamentos del cuestionario elevado, el presidente del bloque, Jaime Linares, criticó que en el decreto extractado no hayan sido consignados datos sobre las causas que derivaron en las penas ahora conmutadas.

Pero, fundamentalmente, criticó la falta de comunicación a la Asamblea Legislativa, tal como lo indica la Constitución Provincial, ante la cual Scioli brindó un discurso el pasado 2 de marzo, en el marco del acto de apertura de sesiones ordinarias.

“En virtud de ello -sostuvo Linares-, y teniendo en cuenta la gravedad de las penas que han sido objeto de conmutación, y la necesidad de conocer si se han adoptado los recaudos que exige el precepto constitucional, nos ha llevado a promover esta iniciativa”.