Con un fuerte debate, la Legislatura provincial aprobó un proyecto que había sido reclamado por el gobernador Daniel Scioli.
Por José Maldonado
(Cuarto Intermedio – 25 de marzo de 2010)- Luego de un debate caliente, en el que no faltaron denuncias sobre presiones de sectores empresarios, los diputados bonaerenses convirtieron en ley un proyecto reclamado desde el gobierno de Daniel Scioli que declara “zona protegida” el área serrana que contiene las canteras de la ciudad de Tandil y dispone fuertes regulaciones para la explotación de ese recurso.
A partir de su promulgación, cinco empresas que hoy se dedican a la extracción de materiales en esa zona contarán con un año para presentar un plan de reconversión productiva y otro año más para cesar definitivamente la actividad.
La norma, que fue redactada por el ex senador tandilense Néstor Auza, hace hincapié en “los efectos nocivos sobre el medio ambiente de la explotación minera” y generó una fuerte polémica en esa ciudad que se trasladó al recinto de Diputados en torno a los efectos que tendría sobre las fuentes de trabajo que significan esas canteras.
En rigor, a partir de ahora se establece que la zona conocida como “la poligonal” y demarcada por las rutas provinciales 74 y 30 y la ruta nacional 226 forman parte de un “paisaje protegido” y se la considera parte de los recursos naturales con una importancia clave para el desarrollo turístico e inmobiliario de esa ciudad. En los últimos años, Tandil experimentó un verdadero boom de la construcción en las zonas serranas, donde se radicaron importantes proyectos urbanísticos.
En la sesión, el proyecto contó con el voto favorable de la mayoritaria bancada oficialista, y los diputados del GEN, la Coalición Cívica, Unión PRO, la UCR y el Confe.
Sólo el Peronismo Federal, la bancada integrada por legisladores fieles al ex gobernador Felipe Solá, se opuso a su aprobación con el argumento de que las regulaciones sobre explotación minera son exclusiva competencia del Congreso de la Nación. Fue el diputado Mario Cura, oriundo de Olavarría, el otro polo de explotación minera con el que cuenta la Provincia el encargado de justificar ese rechazo. “Se ha reconocido que hay una mala redacción de la ley y que tal vez haga falta una corrección posterior ¿Por qué no hacemos una ley como corresponde?. No se puede tratar este tema a la ligera”, señaló Cura.
El apoyo de la oposición a la iniciativa no estuvo exento de críticas. Desde diversas bancadas se advirtió que la norma “deberá ser mejorada” durante su reglamentación para contemplar la posibilidad de que se genere una “catarata de demandas” contra el Estado provincial.
Durante su exposición, el presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Walter Martello, denunció haber recibido contactos de parte de estudios jurídicos de esa ciudad, “detrás de los cuales había un fuerte lobby de las empresas que nos quieren decir ahora cómo tenemos que legislar”.