El Estado argentino deberá dar explicaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se adhirió en la reforma constitucional de 1994.

(Cuarto Intermedio – 13 de abril de 2010)- El comité de seguimiento del cumplimiento de ese pacto reclamó con urgencia a la Argentina que informe “la cantidad de niños privados de la libertad por cuestiones penales y asistenciales” y, especialmente “qué medidas se han implementado para la adopción de una ley de responsabilidad penal juvenil”. Eso mismo propuso hace más de un año el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, sin éxito alguno.El Comité solicitó información adicional sobre las denuncias por torturas y tratos crueles inflingidos a niños y niñas. Lo hizo ante la advertencia de una organización no gubernamental vinculada con la niñez, que denunció que “en Argentina subsisten normas y prácticas que habilitan la detención arbitraria de niños y adolescentes, por parte de las fuerzas de seguridad, en especial a través de la aplicación de figuras como la averiguación de antecedentes y las contravenciones”.En situaciones de privación de la libertad “cada vez son más las conductas autoagresivas de los adolescentes hasta la muerte incluso”, advierte la denuncia, que hace hincapié en el último de los episodios de supuesta violencia policial contra menores conocido: la desaparición de Luciano Arruga, hace un año, “quien fue visto por última vez en una comisaría de la Provincia de Buenos Aires”. Arruga, según sostienen sus familiares y amigos, habría sido asesinado por negarse a vender drogas para malos policías de la bonaerense.