Legisladores nacionales y referentes de la política impulsaron un acuerdo de seguridad democrática que critica con dureza la política en esa materia de la provincia de Buenos Aires.

(Cuarto Intermedio – 11 de junio de 2010)- A través de un duro documento en el que se denuncia un “desmantelamiento del control civil sobre la Policía y la delegación del gobierno de la seguridad pública” a esa fuerza, legisladores nacionales de la oposición e incluso algunos del kirchnerismo, ex ministros y funcionarios bonaerenses del área, así como jueces y fiscales y dirigentes de organismos de Derechos Humanos, entre otros, cargaron contra la política de Seguridad de la gestión de Daniel Scioli. El grupo rechaza “la creación de una jefatura centralizada que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima cúpula”.Las críticas fueron vertidas en un documento difundido bajo el nombre “Acuerdo para una Seguridad Democrática”, una iniciativa multipartidaria y multisectorial que cuenta con la adhesión de políticos de todo el arco partidario, movimientos sindicales y de Derechos Humanos.El documento fue presentado en la ciudad de La Plata al cabo de una jornada de debates en el Pasaje Dardo Rocha e implicó un auténtico desembarco en ese ámbito de figuras políticas nacionales, como los diputados nacionales Ricardo Alfonsín, Martín Sabbatella y Felipe Solá, entre otros, y con la participación central en las disertaciones y la conferencia de prensa del ex ministro de Seguridad provincial, León Arslanián.También participaron de la movida el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín -quien fue también funcionario de Seguridad en la Provincia-, los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, legisladores provinciales y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros.El núcleo duro del documento emitido por este grupo es una dura crítica al rumbo de la política de Seguridad del gobierno bonaerense, que, según se señala en el mismo, “marca un retroceso” con respecto a las medidas adoptadas a partir de la reforma del Código Procesal Penal de 1998 y la puesta en marcha de la nueva estructura policial en aquel mismo año, luego de un período de intervención en la fuerza.Ese “retroceso”, dicen los firmantes, está representado “en muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la Provincia, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales”. “Frente a esa realidad, este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país”, agrega.Entre las medidas adoptadas por la gestión de Scioli que rechaza el documento, se incluye “la creación de una jefatura centralizada (en la fuerza de seguridad) que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima cúpula integrada por comisarios generales, el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares”.