Algunos legisladores porteños de la oposición tienen tantas ganas de sacar a Mauricio Macri de la carrera política que no dudan en formular denuncias que, desde el vamos, saben que no tendrán éxito, con tal de socavar sus cimientos.

(Cuarto Intermedio – 19 de julio de 2010)- Ese parece ser el caso de la diputada porteña por Encuentro Popular para la Victoria María José Lubertino. Presentó ante la justicia de la Capital Federal una acción de amparo contra la realización del “Proyecto Ejecutivo, Construcción y Mantenimiento del nuevo puente sobre el Riachuelo Roca-Patricios”, objetando que “el llamado a licitación incumple derechos ciudadanos y mandatos constitucionales omitiendo la presentación del correspondiente estudio de impacto ambiental y su discusión en audiencia pública”.Hasta allí, todo correcto. Pero el cuestionamiento de fondo es que según una ley local la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) está autorizada a manejar un fondo de 300 millones de pesos al año para obras de mejoramiento e infraestructura de las carreteras. Lubertino sostiene que esa ley es inconstitucional y pretende frenarla mediante una medida cautelar.Le legisladora kirchnerista sabe perfectamente que desde su tendencia política obtuvieron recientemente un fallo de la Corte Suprema, en el caso de la Ley de Medios, que sostiene que los legisladores no pueden cuestionar en la Justicia una decisión de la legislatura que perdieron por el juego de las mayorías y las minorías. Sin embargo, lo intentó, argumentando que los fondos que por ley AUSA puede administrar sean “destinados a realizar obras de transporte público como la esperada ampliación de la red de subtes o resolver la emergencia de miles de vecinos del Riachuelo”.