En los 90 era habitual morirse por consumir productos comunes. Pasó con la muzzarela trucha, los caramelos de propóleos y el vino adulterado. Eso no es historia; sigue vigente.

(Cuarto Intermedio – 5 de agosto de 2010)- La Cámara Federal de La Plata ratificó una condena civil contra una bodega y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) por la muerte de un consumidor del vino “Soy Cuyano” adulterado con alcohol de quemar en 1993. Son 200 mil pesos, más intereses de 17 años, a favor de los herederos de Atilio Bengolea, una de las víctimas mortales por consumir el vino, “estirado” con alcohol de quemar. Los jueces Gregorio Fleicher, Leopoldo Schiffrin y Carlos Comapired atribuyeron responsabilidad por la muerte a la bodega “Nietos de Gonzalo Torraga S.A.” y al INV. A este último, porque “la sola circunstancia de que se habilite la circulación del vino a través del sistema de declaraciones juradas no implica eximir la función de control y fiscalización que compete al Instituto. Esa tarea está impuesta por la ley para asegurar la correspondencia con el análisis de origen ‘en todo momento’, para lo cual cuenta con amplias atribuciones de contralor, como ser la de requerir información y extraer muestras de los productos vitivinícolas en los lugares de producción en tránsito o en el comercio”. Las cuentas las deberá pagar el Estado, es decir todos los contribuyentes a través de sus impuestos. Y deberá hacerlo 17 años después de la muerte, cuando no sólo la víctima del consumo del vino está muerta, sino también su esposa, y sólo sobreviven los hijos, que crecieron sin uno o los dos padres, esperando que les pagaran.