Uno de los estudios de abogados más famosos de la Argentina en materia de Justicia comercial fue denunciado como principal responsable del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas a manos de capitales españoles. Según la denuncia, todos ellos con vinculación estatal.

(Cuarto Intermedio – 27 de agosto de 2010)- Pese a que tuvo escasa repercusión en los grandes medios, la denuncia fue presentada por la viuda del piloto del avión de Austral que cayó Fray Bentos, Uruguay, en 1997. Y apunta al Estudio Fargosi, por los presuntos delitos de “asociación ilícita y lavado de dinero”. Horacio Pedro Fargosi, los representantes de la SEPI y de otros organismos estatales españoles que intervinieron en la operación y a la última propietaria antes de la reestatización, que demandó al Estado argentino ante el CIADI por 1.500 millones de dólares, fueron señalados por María Elena Blanco Seco, viuda del comandante Rodolfo Cécere, como responsables de la compra de aviones de descarte, uno de los cuales fue el que cayó en Fray Bentos el 10 de octubre de 1997, causando la muerte de 74 personas. La viuda de Cécere describió: “Desde los años previos a la privatización de Aerolíneas Argentinas a manos del Estado Español, a través de Iberia, empresa estatal controlada por el Instituto Nacional de Industrias (I.N.I.), luego TENEO, al momento del siniestro por la sociedad estatal SEPI y más tarde por el Grupo Marsans, quien la administró hasta la reestatización, había un denominador común. En todas las integraciones sociales, ya sea como síndico, director, asesor o presidente de las empresas del grupo, ese denominador común tiene nombre y apellido: Horacio Pedro Fargosi. El es el cerebro de toda la maniobra que derivó no sólo en la gigantesca estafa al pueblo argentino sino que produjo la desesperante muerte de mi esposo y de todos los ocupantes de uno de los aviones de descarte adquiridos a España a precios exorbitantes, cuyo objetivo -lavar dinero- no es posible descartar sin una profunda investigación”. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número uno, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Federico Delgado, bajo el número 10.533/10, y está caratulada “Instituto Nacional de Industria de España y otros  s/asociación ilícita”.