Mauricio Macri sufrió un hasta ahora poco conocido revés judicial en otra de las causas en las aparece complicado.

(Cuarto Intermedio – 31 de agosto de 2010)- El juez de instrucción Ernesto Botto rechazó un planteo de una empresa privada, al que se sumó el gobierno porteño, para levantar una medida cautelar que desde hace más de un año mantiene suspendida la explotación del “mobiliario urbano”, un negocio millonario que consiste en la explotación de la cartelería publicitaria de las paradas de colectivos y refugios. Macri y su gobierno están sospechados de haber favorecido, mediante “una multiplicidad de episodios presuntamente delictivos que se habrían materializado en el marco del proceso licitatorio”, a la empresa Publicidad Sarmiento, propiedad de los hermanos Eduardo y Orlando Terranova, padre y tío de Orly, el corredor de Rally que fue candidato a concejal de Mendoza por el macrismo (y salió cuarto, no entró) en marzo pasado.Los actos que se le imputan al gobierno porteño y a los Terranova “serían indicativos de la connivencia entre empresarios y funcionarios que habría viciado la licitación cuestionada”, deslizó el juez Botto. Macri está en riesgo cierto de ser llamado a prestar declaración como imputado por “defraudación por administración infiel agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública”.El 4 de mayo de 2009, el juez que entonces tenía a su cargo la causa, Luis Rodríguez, suspendió la licitación pública 1/MMAGC/2006 que había sido adjudicada a la empresa de los Terranova. La decisión fue confirmada por la Cámara del Crimen el 11 de noviembre de 2009. ¿La razón? La justicia detectó que los Terranova habrían presentado documentación falsa sobre prestaciones en Mendoza y San Miguel de Tucumán, para acceder al contrato.  Quedó semiprobado con “un alto grado de probabilidad la comisión de ilícitos penales en el trámite de la licitación”, por lo que fue suspendida hasta tanto “el órgano administrativo pertinente efectuara una nueva evaluación de los antecedentes presentados por los oferentes, absteniéndose de ponderar los certificados cuya falsedad motivó su formación”. El artículo 46 del pliego de condiciones para la licitación establecía que “el falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente”. En esas condiciones, la empresa de los Terranova debía ser excluida de la licitación. Pero lejos de eso, el 19 de febrero de 2010 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público designó a una nueva comisión evaluadora de la licitación, que menos de un mes después, el 17 de marzo, volvió a dictaminar que Publicidad Sarmiento debía quedarse con el mobiliario urbano. “Concluyeron por unanimidad que en función del análisis practicado y aún excluyéndose los dos certificados que se encuentran bajo sospecha en sede penal, el orden de mérito en la licitación pública persiste inalterado, correspondiendo el primer puesto al oferente Publicidad Sarmiento S.A.”.“El presupuesto fundamental de la licitación pública es la igualdad de posibilidades”. Pero en esta licitación el juez Botto halló razones “para sospechar la ocurrencia de una serie de sucesos delictivos demostrativos de la existencia de connivencia entre los funcionarios y algunos de los empresarios oferentes que, de ser acreditados, habrían quebrantado, sin duda alguna, los principios de legalidad, igualdad, eficiencia y concurrencia que deben gobernar este tipo de procedimientos de selección”. Botto rechazó levantar la medida cautelar. Para ello, reivindicó “la obligación que pesa sobre el juez penal de implementar todas las medidas que resulten necesarias para evitar que la presunta comisión de un delito pueda rendir sus frutos”.