El escándalo desatado en Chubut porque la justicia no puede detener a un gremialista acusado de robo, desnuda crudamente hasta donde se ha desvirtuado la esencia de la norma que alguna vez inspiró a proteger a los hombres públicos.Por Jorge Carlos Brinsek Director de Productora deServicios Periodísticos SA(www.prosep.com.ar)

(Cuarto Intermedio – 17 de septiembre de 2010)- Inicialmente los fueros fueron concebidos, tanto en el orden nacional como provincial y municipal, a los legisladores en su condición de hombres o mujeres electos por su pueblo para representarlos. En tal condición no se los podía arrestar ni demorar ni allanar su domicilio u oficinas a menos que fuesen sorprendidos “in fraganti” cometiendo un delito.Esos fueros permitieron a hombres públicos de la talla de Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Ricardo Balbín y muchos otros denunciar atropellos contra el pueblo, recibir denuncias y ventilarlas exigiendo su investigación en el Parlamento, sin tener que estar expuestos a la persecución de los gobiernos de turno que manejaban a su antojo las policías y sus arbitrariedades.Con el tiempo esa natural inmunidad les fue otorgada a ministros o funcionarios no electos sino designados por un Presidente, Gobernador o Intendente (hay casos que se da así) y más adelante con total discrecionalidad a dirigentes gremiales y vaya a saber cuántos “beneficiarios” más en función de lo establecido por cada constitución provincial o carta orgánica comunal.Sólo en el orden nacional la historia reciente es rica -pobre y tristemente rica- de altos funcionarios que se ampararon en sus fueros para evitar responder ante la justicia por sus trapisondas no precisamente en ejercicio de sus funciones sino en el mal uso de ellas. Claro que el premio mayor parece llevárselo un peculiar delegado de la seccional Trelew de la Unión Obrera Metalúrgica de Chubut quien en sus horas libres como representante gremial se dedica, según las acusaciones, a asaltar domicilios. Una de sus víctimas lo identificó, la policía lo detuvo, pero el juez debió liberarlo ya que el abogado del acusado exigió la inmunidad para su cliente prevista en el artículo 248 de la constitución de la provincia, reformado en 1994.Es que aquella reforma de la Constitución Nacional ideada por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, sólo para permitir la reelección del primero, abrió las puertas para que todo el mundo metiera la cuchara en los textos de las cartas magnas, no solo de la Nación, sino también de las provincias.Así durante meses, miles y miles de asesores por cuenta y orden del erario, trabajaron entusiastamente en las respectivas asambleas constituyentes redactando textos a gusto del consumidor. Detrás de los grandes lineamientos que originalmente se persiguieron, surgieron también engañosas letras chicas que hicieron de la Argentina un verdadero paraíso para quienes nutren sus actividades cotidianas en función de estar al margen de la ley, pero que exigen -y lamentablemente deben- ser respetados y considerados como si fueran verdaderos pilares de ella      En el caso del gremialista chubutense es de esperar que las autoridades de la propia UOCRA actúen en función del sentido común y permitan que este buen señor al menos se presente a la justicia y haga su descargo. Esta acusado, como se dijo más arriba, de haber irrumpido en un domicilio y puesto un cuchillo en el cuello de su víctima para robarlo. Trelew no deja de ser un pueblo pese a ser una ciudad ya respetable en dimensiones y todo el mundo se conoce. Amenazar a un conciudadano con cortarle la yugular si no le entrega la billetera, no es precisamente ejercer el derecho de reclamo para que un albañil gane más plata.Pero bueno, así están dadas las cosas. Si el Jefe del Gabinete desconoce la Constitución Nacional al rechazar con argumentos insostenibles una decisión de la Corte Suprema de Justicia de exigir a la provincia de Santa Cruz que reponga en su cargo al Procurador General de ese distrito, todo es posible a la hora de interpretar -según convenga y a gusto del consumidor de turno- las leyes que deberían regular el buen funcionamiento de un Estado y no garantizar, como suele ocurrir ahora, las perversidades que se nutren de él.