La iniciativa, impulsada por la Corte, fue enviada por el gobernador Daniel Scioli a la Legislatura bonaerense en el paquete de seguridad pero quedó varada.

(Cuarto Intermedio – 4 de octubre de 2010)- En medio de fuertes resistencias y un contrapunto que incluye a colegios profesionales y al Poder Judicial, la iniciativa del Poder Ejecutivo bonaerense -con el impulso de la Suprema Corte- para crear en el ámbito provincial el mecanismo de subastas judiciales por medios electrónicos, que fue incluida en un paquete de medidas para mejorar la seguridad, está virtualmente frenada en el Senado, donde no logró superar el debate en las comisiones.El proyecto fue remitido por el gobierno provincial a la Legislatura en una batería de iniciativas relacionadas con justicia y seguridad, anunciadas en el marco de la conmoción por el ataque del que fue víctima Carolina Píparo. Pero mientras la mitad de esas iniciativas ya fueron convertidas en ley y otras tantas aprobadas por la Cámara alta, la de los remates por internet no logra alcanzar los consensos necesarios para ser llevada al recinto.En ese marco, en el Senado ya se introdujeron modificaciones al proyecto original para atender planteos de diversos sectores. Pero aún así, su futuro parece incierto.El proyecto para crear las subastas electrónicas, en rigor, forma parte de una vieja iniciativa planteada por la Suprema Corte de la Provincia y tiene dos objetivos básicos: permitir el pago de señas, comisiones y precios mediante transferencias bancarias, para evitar el traslado personal del dinero, y crear un ámbito de compulsa liberado de la participación de grupos de compradores que puedan ejercer presión sobre otros, lo que popularmente se conoce como las “ligas”.La iniciativa propone, así, modificaciones al texto del Código Procesal Civil y Comercial implementando este mecanismo para los remates de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles “a los efectos de mejorar el servicio de Justicia”.Hace unos meses la Corte emitió una resolución en la que esbozó los cambios que se podrían operar en la materia, aunque sin la presentación formal ante la Legislatura.En esa resolución, la Corte había propuesto que se avance en las medidas necesarias para crear el mecanismo y se arrogaba la reglamentación de la modalidad de subasta prevista. Así, el máximo tribunal estaría autorizado a delegar, por ejemplo, en las Cámaras de Apelación la implementación del sistema, en lo que algunos consideraron una suerte de “intromisión en las facultades del Ejecutivo”.Esa delegación de facultades, con todo, fue avalada por el proyecto del Ejecutivo que la incluyó en el proyecto de ley que envió al Senado. Pero en la Comisión de Asuntos Constitucionales de esa Cámara se reparó en ese punto y se buscó “salvarlo” proponiendo cambios en el original.Pero además apenas ingresó al Senado la iniciativa, generó una sorda oposición de parte de los martilleros, que plantearon que no se los había consultado para avanzar con “una modificación tan profunda del mecanismo de las subastas” y denunciaron que la iniciativa no contempla cuál sería su rol profesional.Por eso el debate en comisiones y las modificaciones que se siguen analizando también apuntan en este sentido. Por caso, se avanza ahora en un borrador de cambios que asegurarían, explican, la continuidad de la actividad específica del martillero público en las subastas.