La provincia de Buenos Aires negocia con entidades del sector agropecuario los incrementos que aplicará en el Inmobiliario Rural.

(Cuarto Intermedio – 25 de octubre de 2010)- El envío formal del proyecto de ley de Presupuesto 2011 al Senado bonaerense fue postergado por unos días por el Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de diálogo que se abrió con entidades agropecuarias, con las que la administración de Daniel Scioli busca acordar las medidas que contendrá la iniciativa en materia de incrementos impositivos para el sector.A lo largo de la última semana, representantes del ministerio de Economía y de Asuntos Agrarios mantuvieron encuentros con dirigentes y técnicos de las principales entidades a quienes presentaron el esquema diagramado desde la Provincia para disponer subas en el impuesto Inmobiliario Rural, una decisión que generó rechazos del campo, aunque de cualquier forma se iniciaron las negociaciones.En ese marco, la Provincia insistió en el carácter “progresivo” de esa medida, al tiempo que accedió a modificar uno de los aspectos que había despertado reclamos de las entidades, esto es, la eliminación de la exención impositiva para algunos distritos del sudoeste bonaerense que sufren las consecuencias de una histórica sequía.En un primer momento, el Ejecutivo había anunciado que esos beneficios se mantendrían pero sólo para algunos sectores productivos. A lo largo de las negociaciones encaradas en los últimos días, se decidió dar marcha atrás y mantenerlo para todas las actividades de esos distritos, trascendió.Pero el debate central en ese diálogo abierto, que todavía no tuvo su capítulo final, se produjo en torno a la decisión de aplicar subas en el impuesto Inmobiliario Rural que el gobierno provincial busca incluir en el Presupuesto 2011 a partir de una modificación en el esquema de cobro de ese gravamen.En rigor, la iniciativa del ministerio de Economía apunta a modificar los esquemas sobre los que se calcula el monto de ese impuesto para las distintas propiedades, de manera de aumentar la presión impositiva en los sectores más altos de la escala.Así lo informaron en la última reunión convocada para debatir este tema el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, el ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, el titular de Arba, Martín Di Bella, y la subsecretaria de Economía, Silvina Batakis a los delegados de las entidades convocadas: Carbap, la Federación Agraria, Sociedad Rural y Coninagro.Voceros de las entidades agropecuarias indicaron que los representantes del gobierno provincial explicaron los detalles técnicos de la medida que piensan incluir en el Presupuesto, y dieron precisiones sobre la propuesta para modificar la fórmula del cálculo por el que se fijan los montos a pagar por cada propiedad en concepto de Inmobiliario Rural. Y evacuaron, en ese marco, cualquier duda sobre un posible revalúo fiscal, una medida fuertemente resistida por el campo, y descartaron también cambios en las alícuotas.Según se había informado desde Economía, la propuesta supondría un aumento promedio de unos 4 pesos por mes para cerca de 3,2 millones de partidas, que representan el 62 por ciento del universo que paga efectivamente el impuesto Inmobiliario Rural.En el encuentro con los ruralistas, los representantes de la Provincia reiteraron que la decisión es que las subas no superen los 10 pesos por hectárea por año, es decir, $0,80 por mes sobre el valor promedio que paga el campo, que es de 26 pesos por año por hectárea.