La saga de los tickets

Una ONG pidió que vayan a juicio oral los dos empresarios acusados de ofrecerle al hijo del diputado nacional Héctor Recalde una millonaria coima para... Por Cuarto Intermedio

Una ONG pidió que vayan a juicio oral los dos empresarios acusados de ofrecerle al hijo del diputado nacional Héctor Recalde una millonaria coima para extender a todos los empleados el pago de parte de su sueldo con tickets canasta, lo que fue grabado en cámara oculta.

(Cuarto Intermedio – 15 de noviembre de 2010)- La Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) criticó la probation que recibieron los acusados para realizar tareas comunitarias, por lo que no irán a juicio, y pidió la realización del juicio oral “como un modo de conocer la verdad y fortalecer la confianza de la sociedad en el funcionamiento de las instituciones democráticas”. La entidad sostuvo que la no realización del juicio “impide la posibilidad de procesar a supuestos ejecutores de un acto de corrupción que iba destinado a vulnerar los derechos de millones de ciudadanos trabajadores del país”.“Mientras se insista en negar que la corrupción -y la impunidad que beneficia a sus autores- ha causado y sigue causando la violación grave de derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más pobres de la sociedad, nunca se va a reconocer que las víctimas de estos hechos tienen el derecho inalienable de conocer la verdad acerca de los acontecimientos investigados”, completó ACIJ a través de un comunicado. Los empresarios de Accor, Santiago Lynch y Miguel Gutiérrez Guido Spano, le habían ofrecido en noviembre del 2007 a Mariano Recalde, actual titular de Aerolíneas Argentinas y entonces asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, 20 mil dólares de coima para que no se trate un proyecto para reformar la ley laboral o 20 millones si se extendía a todos los trabajadores el pago con ticket canasta.La Cámara de Casación suspendió el juicio y les otorgó a los acusados una probation para que hagan 390 horas de trabajo comunitario en lugar de recibir una condena. La resolución fue apelada por el fiscal federal Fernando Arrigo a la Corte Suprema que debe resolver si confirma la probation.