Esta semana presentarán cinco proyectos en el Senado de la provincia de Buenos Aires con pedido de que sean tratados antes de fin de año.

(Cuarto Intermedio – 25 de noviembre de 2010)- En medio del debate abierto en torno al Presupuesto 2011, el gobierno provincial remitirá esta semana a la Legislatura un paquete de cinco proyectos de ley vinculados a justicia y seguridad con la intención de que sean debatidos antes del cierre del período de sesiones ordinarias, una posibilidad que muchos ven lejana.Se trata de cinco iniciativas que fueron presentadas por los representantes del Ejecutivo al Consejo de Seguridad provincial, el organismo de discusión de proyectos para el combate contra el delito que integran además representantes de la oposición. Por eso, desde la administración de Daniel Scioli se mostraron entusiasmados con la posibilidad de conseguir los consensos necesarios para su pronto tratamiento.En líneas generales, el paquete contiene un proyecto que propone modificaciones a la Ley de Ejecución Penal, otro para regular el trabajo penitenciario y crear un cupo estatal para ex detenidos, otro para conformar cuerpos especiales de investigación -similares a los de la reclamada Policía Judicial-, y otro para regular la figura del “testigo reservado”.El propio ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, anunció días atrás a legisladores oficialistas y opositores que en el transcurso de la próxima semana el Ejecutivo remitirá al Senado los proyectos, que ya cuentan con un primer consenso en el marco del Consejo de Seguridad.La iniciativa de mayor peso dentro de esa batería es la que propone modificar la Ley de Ejecución Penal para establecer nuevas modalidades en el régimen de encarcelamiento, salidas transitorias y libertad condicional. Entre otras cosas, la normativa regula nuevos procedimientos para comunicar a un condenado la decisión de salidas transitorias o libertad asistida -deberá ser de modo oral, con la presencia del beneficiado, la defensa y el fiscal-, modifica el régimen de visitas y regulan el sistema de castigos por malos comportamientos, al tiempo que establece un régimen educativo y laboral.Además, incorpora modificaciones al funcionamiento del Patronato de Liberados.El segundo proyecto establece un régimen de trabajo penitenciario con fines de capacitación, que será abonado y destinado en parte para la manutención de su familia.De manera complementaria, otro proyecto reserva el dos por ciento del cupo laboral de la administración pública para personas liberadas capacitadas bajo ese régimen, al tiempo que rebaja un 50 por ciento del impuesto a los Ingresos Brutos y da prioridad en licitaciones públicas a empresas privadas que empleen a los liberados.Un cuarto proyecto establece la creación de Cuerpos Especiales de Investigación, similares a la denominada Policía Judicial, reclamada por la Corte.Un último proyecto apunta a regular la figura del testigo de identidad reservada, incluyendo un artículo a la Ley 11.922. Mediante ello, “toda persona podrá requerir al Fiscal declarar bajo la estricta reserva de su identidad”, sosteniendo que “la declaración recibida en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada como medio de prueba”.