Un proyecto impulsado por la oposición apunta a dotar a este cuerpo de herramientas para que se sumen a tarea de fiscales y jueces de garantías.
(Cuarto Intermedio – 10 de diciembre de 2010)- Con el objetivo de sumarlos al esquema activo de investigación judicial del delito, los jueces de Paz de la Provincia podrían ahora contar con un cuerpo de secretarios capacitados para actuar en incumbencias penales que podría ocuparse del trabajo y seguimiento de los pedidos fiscales de allanamiento, registro de lugares, secuestros y detenciones, entre otras.Así lo dispone un proyecto de ley que apunta a sumar a los jueces de Paz bonaerenses, a la estructura de investigación en materia penal, de forma tal que puedan disponer medidas ante la comisión de un delito sin necesidad de acudir a la estructura de una fiscalía.La iniciativa fue presentada por el titular del bloque de Unión Pro, Ramiro Gutiérrez, y propone modificar el artículo 73 de la ley 5.827 para disponer que en territorio provincial los jueces de Paz letrados contarán con dos secretarios, uno con competencia en el fuero Civil, Comercial y de Minería y otro con competencia en el fuero Penal, Correccional y Contravencional.Según el proyecto, los secretarios de los jueces de Paz “contarán con el personal que en cada caso este establezca de acuerdo a las necesidades de cada Juzgado y a las previsiones presupuestarias existentes”.Nacidos como figuras que totalizaban la prestación de Justicia en pequeños asentamientos o pueblos de campiña, donde además eran garantes del desarrollo de esos pueblos, la figura del Juez de Paz pendula hoy entre competencias mayoritariamente civiles, algunas de minería y procesal penal. Entre otros motivos, porque no han sido dotados de las herramientas y recursos humanos necesarios para ejercer la competencia legal que se les ha asignado.El proyecto de Gutiérrez apunta a salvar esta dificultad. Con este nuevo diseño planteado, el Juez de Paz del lugar donde se comete el delito contaría con un nuevo recurso humano capacitado para actuar en las incumbencias penales.“Esta secretaría podría ocuparse rápidamente del trabajo y seguimiento de los pedidos fiscales de allanamiento, registro de lugares, secuestros, detenciones, requisas, órdenes de presentación e interceptación de correspondencia”, describe el legislador de Unión PRO.“Las herramientas que concede esta ley a la Justicia de Paz permitirán que muchos ciudadanos del interior de la provincia, donde las distancias amenazan con la eficacia de las investigaciones penales, puedan tener una mejor respuesta del Estado, sobre todo en su veloz intervención cuando se ha cometido un delito”, destaca a la vez Gutiérrez.