El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, ingresó cinco proyectos consensuados con la oposición y quiere que se traten antes de marzo.

(Cuarto Intermedio – 22 de diciembre de 2010)- Con la expectativa de que el Senado los trate antes del inicio del período de sesiones ordinarias, en marzo próximo, el Ejecutivo provincial giró a la Legislatura cinco proyectos de ley vinculados a Justicia y Seguridad. Las iniciativas fueron consensuadas con la oposición en el marco de una mesa de debate y apuntan a aplicar modificaciones en la Ley de Ejecución Penal, a mejorar las condiciones de reinserción de liberados y para la creación de nuevos tribunales de Casación y un cuerpo de investigadores judiciales, entre otros aspectos.Los proyectos de ley fueron presentados formalmente el pasado martes en el Senado, en el marco de una reunión que mantuvieron el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia del cuerpo, Federico Scarabino. Casal explicó que la Provincia espera que los proyectos sean tratados “durante las sesiones extraordinarias”, es decir, antes del inicio formal del año legislativo, que se abre en el mes de marzo.Con todo, en la Cámara alta esa posibilidad era vista como lejana, incluso por fuentes cercanas al bloque oficialista, que destacaban que el cuerpo no acostumbra a realizar sesiones extraordinarias más allá de las últimas del año.Los proyectos, en rigor, ya habían sido anunciados por la cartera de Justicia y Seguridad, luego de que surgieran como fruto de un consenso con sectores de la oposición en el marco del Consejo de Seguridad provincial, el espacio abierto para debatir iniciativas como instancia previa a la discusión parlamentaria.La iniciativa de mayor peso dentro de esa batería es la que propone modificar la Ley de Ejecución Penal para establecer nuevas modalidades en el régimen de encarcelamiento, salidas transitorias y libertad condicional. Entre otras cosas, la normativa regula nuevos procedimientos para comunicar a un condenado la decisión de salidas transitorias o libertad asistida -deberá ser de modo oral, con la presencia del beneficiado, la defensa y el fiscal-, modifica el régimen de visitas y regulan el sistema de castigos por malos comportamientos, al tiempo que establece un régimen educativo y laboral.Además, incorpora modificaciones al funcionamiento del Patronato de Liberados.En ese marco, Casal explicó que durante su gestión como ministro de Justicia, a lo largo de 2009 se recibieron unos 400 pedidos de personas detenidas que, por las condiciones de su situación particular, podrían acceder a ese tipo de beneficios “y sumarse a un régimen distinto”. El segundo proyecto establece un régimen de trabajo penitenciario con fines de capacitación, que será abonado y destinado en parte para la manutención de su familia.De manera complementaria, otro proyecto reserva el dos por ciento del cupo laboral de la administración pública para personas liberadas capacitadas bajo ese régimen, al tiempo que rebaja un 50 por ciento del impuesto a los Ingresos Brutos y da prioridad en licitaciones públicas a empresas privadas que empleen a los liberados.Un cuarto proyecto establece la creación de Cuerpos Especiales de Investigación, similares a la denominada Policía Judicial, reclamada por la Corte.Un último proyecto apunta a regular la figura del testigo de identidad reservada, incluyendo un artículo a la Ley 11.922. Mediante ello, “toda persona podrá requerir al Fiscal declarar bajo la estricta reserva de su identidad”, sosteniendo que “la declaración recibida en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada como medio de prueba”.