En cualquier pasillo judicial o gubernamental se escucha la misma queja: “En España se están haciendo los tontos (en realidad, no es “tontos” el término) y no mandan nada de información sobre el avión”.

(Cuarto Intermedio – 24 de enero de 2011)- Se refieren, claro está, al avión privado cargado con 994 kilos de cocaína que fue decomisado en Barcelona. Según publicó el diario oficialista Tiempo Argentino, “la Argentina y España suscribieron en febrero de 2007, por iniciativa de la titular de la Comisión Asesora en materia de drogas, Mónica Cuñarro, un ‘Memorando de entendimiento sobre delitos de investigación compleja y delincuencia organizada trasnacional’. Ambos Estados comprometieron colaboración en el combate de delitos de ‘drogas, blanqueo de capitales y desvío de precursores químicos’”. “Nada de eso se está cumpliendo”, se quejan las autoridades del área de seguridad de la Argentina. El juez en lo penal económico Alejandro Catania intentó tranquilizarlos, argumentando que “los tiempos que están corriendo son los razonables y normales para un exhorto internacional”. Pero en el fondo sabe, tanto él cuando sus interlocutores políticos, que la información que necesitan no va a fluir a través de papeles sino por contactos extraoficiales. Y son justamente esos los que no están funcionando.Unos y otros conocen la razón de la reticencia española. Más allá de lo que digan oficialmente sus funcionarios ante insulsas e ingenuas preguntas de los corresponsales argentinos en Madrid, lo cierto es que España supone que hay grados de poder importantes en la Argentina que están involucrados, directa o indirectamente, con el cargamento decomisado en el aeropuerto catalán.