Los magistrados desmienten tener herramientas para actuar con menores de 16 años y critican el sistema de alojamiento.
(Cuarto Intermedio – 2 de febrero de 2011)- Los jueces penales bonaerenses defendieron públicamente su actuación en el marco del juzgamiento de menores de edad en conflicto con la ley y rechazaron las afirmaciones lanzadas por ministros del gabinete nacional en el sentido de que “cuentan con las herramientas” para atender la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.A través de un comunicado difundido ayer, la Red de Jueces Penales Bonaerense rechazó las críticas que desde distintos sectores del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires recibieron los magistrados en el contexto del debate por la rebaja de la edad de imputabilidad y la sanción de un régimen penal para la minoridad.“Hasta el día de la fecha, la edad de imputabilidad comienza a partir de los 16 años. Cuando el autor de un delito tiene menos edad que la indicada, los jueces sólo podemos sobreseer al imputado, disponiendo el pase de la actuación al ámbito administrativo de protección y a la Justicia de Familia”, indicaron los magistrados.CrucesEl ministro del Interior Florencio Randazzo había señalado en el marco del debate por la baja en la edad de imputabilidad que los jueces “ya tienen todas las herramientas para que los que sean peligrosos estén entre rejas”. “Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada”, agregó el funcionario.De esa forma, buscó marcar la postura del gobierno nacional en contra de modificar la edad de imputabilidad plena de los menores.Pero además, los magistrados apuntaron a algunas declaraciones lanzadas por funcionarios del gabinete provincial sobre la actuación de la Justicia.“Las declaraciones (de los funcionarios) no reflejan la verdad, sino más bien el intento de trasladar a otros las propias responsabilidades de alguno de los funcionarios que las emitieron”, sostiene el texto, firmado por el presidente de la Red, Esteban Viñas.En ese marco, además, lanzaron duras críticas a las condiciones de alojamiento de menores y los programas de reinserción social que funcionan a nivel provincial.“No hay establecimientos idóneos y habilitados” para alojar a menores en situación de delito, denunciaron. Los magistrados buscaron así desmentir a los funcionarios del gabinete bonaerense que en los últimos días aseguraron que en materia de infraestructura para la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia está “todo bajo control”.