Eso, al menos, piensa el fiscal Sandro Abraldes, quien la semana pasada pidió el procesamiento del ex jefe de gobierno porteño y actual precandidato en una causa  en la que se investigan supuestas irregularidades en la campaña publicitaria denominada “Actitud Buenos Aires”.

(Cuarto Intermedio – 9 de febrero de 2011)- Abraldes apeló el fallo del juez de primera instancia Luis Zelaya, quien a fines de 2010 sobreseyó a Telerman. “El análisis de los elementos probatorios incorporados resulta parcial, por cuanto se omite tomar en consideración circunstancias debidamente acreditadas, y al mismo tiempo, fragmentario, pues no se plasma una valoración conjunta y lógica a la luz de la sana crítica de las probanzas recolectadas”. De la investigación “no se extraen datos objetivos que avalen la postura desincrimatoria respecto de Telerman, sino más bien, en cierta medida se robustece la hipótesis acusatoria”, dijo el fiscal.Telerman está acusado por una presunta defraudación de 3.285.000 pesos a la ciudad de Buenos Aires. Según la legislación local, los funcionarios de alto rango podían disponer para difusión, sin licitación, de hasta 500 mil pesos ante situaciones de “imprescindible necesidad y urgencia” como “inundaciones, alertas meteorológicos, campañas de vacunación ante una epidemia”. No obstante, el gobierno porteño habría gastado 32.209.533,80 en la campaña “Actitud Buenos Aires”.Telerman fue sobreseído porque adujo desconocer esa operatoria, y descargó responsabilidades entre sus subalternos. Pero para Abraldes, tal como reza la campaña proselitista del aspirante a regresar a la jefatura de gobierno porteña, “Telerman sabía”.“No puede pretenderse cimentar la transparencia del sistema de publicidad -en el que ningún control medió- en los meros dichos de testigos. Al concepto de ‘transparencia’ en el plano normativo no se arriba a través de meras percepciones, sino mediante un proceso de valoración propio de los tribunales”, argumentó el fiscal.