Desde el punto de vista de la sociología criminal, las actividades de los hackers tienen entre sus objetivos el de obtener el reconocimiento de sus pares, así como generar un impacto en la sociedad que pueda posicionarlos como uno de los activistas cibernéticos capaces de poner en jaque la seguridad de los sistemas informáticos.Por Ricardo Saenz(*1)y Carla Delle Donne (*2)

(Cuarto Intermedio – 23 de febrero de 2011)- El caso de Julian Assange no es la excepción. El fenómeno generado a través del sitio Wikileaks puso en evidencia, ni más ni menos, que más allá del reconocimiento obtenido como rasgo sociológico característico de los hackers, existe una conducta ilícita.No caben dudas que lo que también quedó al descubierto es que la seguridad informática mundial tiene grandes vulnerabilidades y que han sido esos espacios desprotegidos de información los que han sido revelados al mundo. Pero, ¿podemos pensar que esa información que flota en el ciberespacio “sin vigilancia” puede ser revelada bajo el rótulo de la libertad de expresión o, si se quiere, de libertad de acceso a la información?La prensa que en un primer momento apoyó la difusión de la información obtenida de un modo que no puede describirse aún como un modus operandi legal, es hoy la que critica duramente al mismo Assange cuando reclama los derechos sobre la información que tiene bajo su poder y que exige el consecuente pago del canon correspondiente a los medios de prensa que no sólo revelaron la información, sino que tienen intenciones de seguir publicando los secretos de la política mundial.¿No será entonces que Assange obtuvo absolutamente todo lo que se proponía y que todos los que apoyaron el “hackeo” de los sistemas desde los que se obtuvo la información revelada, hoy se preguntan si ese apoyo feroz que recibió en un primer momento no responde al deseo único y personalista de obtener el reconocimiento mundial, no sólo de sus pares informáticos, sino también del periodismo y de la sociedad que salió a las calles a apoyar una conducta que no puede ser justificada en términos legales bajo el amparo del derecho a la información?Creemos que la reflexión sobre el tema debe ser más profunda que la que se plantea mediante el rótulo de la libertad de expresión y el derecho a la información. Es que si bien es cierto que como ciudadanos tenemos el derecho a estar informados y que el conocimiento de los actos de los gobiernos hace a la transparencia de la gestión, no menos cierto es que los derechos no son absolutos y que cuando existen intereses mayores que están en pugna, un derecho ejerce más peso por sobre el otro y, por esa razón, prevalece. El punto central que se plantea con la situación ocasionada desde Wikileaks es que la seguridad de las naciones, la paz social y la estabilidad de las relaciones diplomáticas, se pusieron en riesgo. Es, precisamente, el corazón de las relaciones internacionales que se abrió al mundo, dejando en evidencia que la seguridad informática debe ser reforzada y, al mismo tiempo, que debemos reflexionar si resulta razonable apoyar acciones de los hackers quienes, bajo falsas apariencias de libertad de expresión y de acceso a la información, tienen la capacidad de desestabilizar los vínculos diplomáticos de la comunidad internacional.  (*1) Ricardo Saenz – Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. www.ricardosaenz.com.ar(*2) Carla Delle Donne – Secretaria de la Fiscalía General de Casación Penal.