La acusación dice que el magistrado cometió todo tipo de faltas en el trámite de las causas, además de “graves irregularidades”.

(Cuarto Intermedio – 22 de marzo de 2011)- La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia decidió, por unanimidad, asumir el rol de acusador contra Mario Omar Ordóñez, titular del Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Junín. De acuerdo a lo que se desprende del expediente, la Comisión Bicameral estima que “dicho magistrado, en el ejercicio de su Ministerio, cometió faltas de diferente índole, relativas al dictado de resoluciones de sentencias, a la gestión administrativa y de trámite de las causas, a la organización del Juzgado a su cargo, con reiteradas y graves irregularidades, considerando que las mismas deben ser consideradas como causales de mal desempeño previstas en el artículo 21 de la ley 13.661”. También se le imputa al juez de Junín, no haber proyectado actos jurisdiccionales atinentes a su cargo, ni haber provisto de recursos intelectuales a sus colaboradores, para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. De igual manera, se le imputa haber evitado de manera irregular la materialización de las correspondientes audiencias de debate, evitando de ese modo participar y presidirlos.Por otra parte, se le sindica haber empleado criterios de oportunidad, como suspensión del proceso y/o de juicio abreviado, concebidos de manera maliciosa, sin respeto por el debido proceso legal y el acceso a la justicia.El presidente de la Comisión Bicameral, diputado Gabriel Villegas, explicó que “como consecuencia de los esquivos procederes y las inconductas relatadas, se estima que ha producido demoras en citaciones, afectando las tareas jurisdiccionales a su cargo, que ha producido una distribución inequitativa del trabajo, sobrecargando a algunos y favoreciendo a su entonces concubina, extremo éste que se encuentra documentado, concluyendo entonces que produjo un grave perjuicio a la Administración de justicia”. “Además, del expediente se extracta que demoró, obstaculizó y empobreció la tarea laboral-jurisdiccional, profiriendo públicamente epítetos (“pelotudez”, “boludez”) sobre el ejercicio jurisdiccional, impactando negativamente en el ámbito laboral, y complementó su inconducta con descalificaciones, gritos, amenazas de sumarios y despidos injustificados, trato vejatorio, quite de colaboración, falta de asesoramiento y violencia y acoso laboral y social”, relató Villegas. La denuncia sostiene también que “el magistrado propició con su conducta sucesivos conflictos entre su concubina y el resto del personal, exigiendo tareas de imposible cumplimiento a quienes no estaban en capacidad de hacerlo, negándose evacuar consultas, delegando su función legal, mientras el magistrado se ocupaba de la lectura de periódicos durante el horario judicial”.El titular de la Comisión aseguró que “la iniquidad suma injusticia y se traduce en la desconfianza pública, en el descrédito social, en la desesperanza de los ciudadanos, cuando no perciben que han de ser juzgados por jueces probos e imparciales, quienes deben serlo tanto cuando dictan sentencias como cuando toman decisiones personales que trascienden la privacidad”.