Un Estado sin Estado

Mucho se ha escrito en las últimas horas sobre el escandaloso como inaudito bloqueo a las plantas impresoras de los diarios metropolitanos Clarín y La... Por Cuarto Intermedio

Mucho se ha escrito en las últimas horas sobre el escandaloso como inaudito bloqueo a las plantas impresoras de los diarios metropolitanos Clarín y La Nación, particularmente a la del primero que se vio impedido, por primera vez en su historia, de lanzar su edición dominical a la calle.Por Jorge Carlos Brinsek (*)

(Cuarto Intermedio – 28 de marzo de 2011)- El Gobierno, a través de la prensa subsidiaria de él -que edita sus ejemplares a costa del impuesto que pagamos todos los argentinos- salió rápidamente a rasgarse las vestiduras y encuadró el problema en un inexistente conflicto gremial para lo cual, sostuvo, se había dado curso ya al Ministerio de Trabajo en el marco del dictado de una sospechosa como demorada conciliación obligatoria.Lo cierto es que cuando un grupo de activistas -utilizando como escudo a sus familias –  se instalaron en la noche del sábado frente a la boca de expendio que ambas empresas tienen frente a frente en el barrio metropolitano de Barracas -en el sur capitalino- una fiscal pidió el urgente concurso de fuerzas de la Policía Federal. La orden fue terminante: hacer cumplir la ley que prohíbe, al margen de cualquier conflicto sindical, bloquear, interceptar o impedir la circulación de medios impresos de difusión, no importa el nombre, la marca o contenido.Un diario puede no editarse por un problema gremial interno, nunca externo. Raras veces ocurre. Pero se da cuando, una asamblea del personal de planta -sea periodistas o gráficos- o ambas partes a la vez, recurren a esta extrema medida en reclamo de demandas laborales o salariales o lo que fuere. En este marco, el conflicto se circunscribe a la empresa y a su personal y, por supuesto, su dilucidación, se da en los foros ministeriales laborales correspondientes. Aún así, el medio en cuestión puede ser impreso por su personal jerárquico o personal que no adhiera a la medida de fuerza y quienquiera que, mediante coacción quiera impedirlo, incurre en un delito toda vez que es deber del Estado garantizar tanto el derecho de huelga como la libertad de trabajo.Pero en la madrugada del domingo el diario estaba impreso (al igual que La Nación) ya que, tal cual lo informaron ambas empresas, no tienen conflicto alguno con su personal. No hubo reunión ni asamblea ni ningún tipo de decisión conflictiva. Todo el mundo trabajó normalmente, como todos los días. Los periodistas hicieron su trabajo, las rotativas el suyo y cuando los ejemplares estaban listos para ser despachados se encontraron con la novedad de las dos plantas bloqueadas.Como se dijo más arriba, la policía llegó cumpliendo las instrucciones de la fiscal. Un oficial superior de la fuerza desplegó personal de infantería antimotines y carros hidrantes frente a la posibilidad de algún forcejeo. Todo estaba listo… hasta que sonó el teléfono celular del uniformado quien, tras atenderlo, y asentir con el rostro desencajado, se esfumó del lugar sin dejar rastros. No fue difícil interpretar que una orden de arriba lo obligó a dar una virulenta marcha atrás. Humano al fin: entre hacer cumplir la ley y terminar ahí mismo su carrera, optó por dar vuelta la hoja y dejó en manos de un atribulado subcomisario la terminante instrucción de mirar, nada más que mirar, pase lo que pase.Pero hubo más. Frente a los policías, se formaron piquetes de civiles que interceptaron a automovilistas del personal del diario que se alejaba tras cumplir sus labores. Estos civiles, obligaron a los conductores a detenerse, someterse a un cacheo y a abrir el baúl de sus vehículos para comprobar si no transportaban subrepticiamente ejemplares del diario bloqueado.Los afectados reclamaron airadamente frente a los uniformados por semejante atropello, pero éstos solo optaron por encogerse de hombros mientras los activistas, lejos de amilanarse, les advirtieron que si no se dejaban cachear y revisar no podrían abandonar el lugar.En una nación que se precie de tal, es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza, el poder de policía y el hacer cumplir la ley. Pero la Argentina pareciera haber entrado en un grado progresivo de descomposición de sus instituciones básicas y el Estado, simplemente no es Estado. Estremecedor, pero es así.(*) Director de Productorade Servicios Periodísticos SA(www.prosep.com.ar)