Pedirían los testimonios de los jefes comunales en el marco de la causa en la que se investiga a la empresa de recolección de residuos.

(Cuarto Intermedio – 26 de abril de 2011)- El intendente peronista de Esteban Echeverría, Fernando Gray, podría convertirse en el primer jefe comunal del Conurbano en ser citado por la Justicia penal a declarar como testigo en el marco de la causa abierta en los tribunales de Lomas de Zamora en la que se investiga a la empresa de recolección de residuos Covelia y su presunto vínculo con el líder de la CGT, Hugo Moyano.Fuentes cercanas a la investigación explicaron que la Justicia puso la lupa en Esteban Echeverría a partir de las denuncias que lanzó en las últimas semanas Gray, quien relató haber recibido gravísimas amenazas contra él y su familia en el marco del conflicto que mantuvo con la empresa en 2007 cuando se negó a aumentar el canon por el servicio.La convocatoria a intendentes para que presten declaración ante la Justicia será una de las primeras medidas que adopte la Justicia en el marco de la investigación sobre Covelia, luego de que la marcha de la causa quedara virtualmente paralizada por el conflicto gremial en tribunales.La actuación se inició a partir de una denuncia penal que presentó el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Walter Martello, en los tribunales de Lomas de Zamora contra el titular de la CGT Hugo Moyano y su hijo Pablo, y para que se investigue su vinculación con la firma Covelia, propiedad del empresario Ricardo Depresbisteris.Covelia, como se sabe, está además bajo la lupa de la justicia de Suiza, que investiga si la empresa que presta servicios de recolección de residuos en 12 comunas bonaerenses incurrió en maniobras de lavado de dinero a través de una cuenta bancaria en ese país cuyo titular es Depresbisteris. Los jueces suizos también pidieron a Argentina que envíe información sobre el posible vínculo de la empresa con Moyano.Presiones bajo la lupaPero la investigación judicial además indagará sobre la presunta coacción e intimidación por parte de Covelia para que se contraten sus servicios en los municipios a través de la presión ejercida por sindicatos que responden políticamente a la CGT de Moyano. La teoría de ese presunto vínculo es abonada por algunos intendentes. “Los conflictos no surgen en general con la empresa, sino directamente con el sindicato. Ante cualquiera que quiera sacar los pies del plato son ellos los que presionan”, dicen en privado.La maniobra no fue denunciada públicamente sino hasta que el jefe comunal de Esteban Echeverría emitió un comunicado en las últimas semanas en el que aseguró haber sido amenazado en el marco de una disputa con la firma.El conflicto entre Gray y Covelia se produjo en diciembre de 2007, cuando el intendente recién asumía el cargo y se negó a convalidar el aumento pactado con la empresa por la gestión anterior encabezada por Alberto Groppi, que llevaría el canon de 1,6 a 2,2 millones de pesos al año.En medio de una delicada situación financiera del municipio que lo obligó a achicar gastos, el intendente debió afrontar un paro de 12 días de los camioneros del servicio de recolección y cuando un camión municipal salió a recoger basura fue rociado con combustible y quemado. En ese marco, según denunció en los últimos días, recibió “gravísimas amenazas” contra él y su familia.Fuentes judiciales explicaron que la investigación abierta por la quema del camión en Esteban Echeverría en la UFI 17, sería anexada ahora a la causa que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora a partir de la denuncia de Martello, que la semana pasada fue citado a prestar declaración testimonial.En ese marco, la estrategia que podría desplegar la fiscalía sería la de valorar individualmente la situación particular de Covelia en cada uno de los distritos donde presta servicio y remitir a los distintos departamentos judiciales las actuaciones, que implicaría la citación a diferentes jefes comunales para que presten declaración.