Érase una vez la Inglaterra de mediados del siglo diecisiete. Entonces, reinaba un señor que se llamaba Carlos I, quien además era rey de Escocia e Irlanda; había asumido el trono en el año 1625.  

(Cuarto Intermedio – 6 de julio de 2011)- En aquel tiempo, no existía el concepto moderno de república (léase división de poderes), ni había llegado aún la idea westfaliana de un Estado Nacional; sin embargo, un antecedente que desafiaba a la autoridad del rey sí había sido puesto en papel. Tiempo atrás, en 1215, un grupo de súbditos de la corona (los llamados barones feudales) lograron forzar, por primera vez, que un rey proclamase ciertas libertades en un documento. Éste debió aceptar, además, que su voluntad no era arbitraria. El rey Juan de Inglaterra no tuvo otra opción que limitar sus poderes, y lo hizo rubricando lo que hoy conocemos como la Carta Magna.Carlos I creía que su poder procedía de Dios, y por ello pensaba que sus deseos se transformarían rápidamente en órdenes. Tal vez algunos así lo hicieron, pero no todos. Su acercamiento con la iglesia católica (sumado al matrimonio con una princesa católica) generaron recelo y desconfianza en la sociedad británica; su intento por imponer impuestos sin consentimiento parlamentario llegaron a caracterizarlo como un monarca absoluto y tiránico. Carlos I, cuyo recuerdo de la Carta Magna era un tanto vago, intentó negarle autoridad al Parlamento, al punto en que el país se vio sumido en una guerra civil. Tras verse derrotado, el Parlamento le exigió la transformación de la monarquía vigente a una monarquía parlamentaria. Carlos se negó, intentó permanecer en el poder y forjar otras alianzas; llevó así a Inglaterra a una nueva guerra civil. Una segunda derrota hizo que el rey fuese capturado, juzgado, condenado, ejecutado y decapitado. Esto ocurrió en 1649, y fue la antesala de un período pseudo republicano liderado por Cromwell, seguido por la restauración de la monarquía hasta llegar finalmente a la Gloriosa Revolución de 1688, que instituyó el Parlamentarismo inglés que -con algunas modificaciones-, perdura hasta el día de hoy.Tiempo más tarde, las recientes declaraciones del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, producen una sensación un tanto peculiar. Y en algún sentido, parecería que 460 años han sido (parcialmente) en vano. Fuera de las conquistas en el campo de los derechos humanos y de recuperación económica, ciertas prácticas pseudo republicanas son completamente anacrónicas. Frente a la renuncia indeclinable del senador Carlos Verna a competir por la gobernación de la provincia de La Pampa, Fernández, coordinador de un gabinete que no existe como tal, sostuvo que “el peronismo es un movimiento conducido por Cristina Kirchner”, agregando que la Presidenta “tiene todo el derecho a decidir”. Lo que ocurrió fue que no se cumplió un acuerdo político con el citado Carlos V, imponiendo desde la Casa Rosada la designación de los candidatos a representantes del pueblo del territorio pampeano en cuestión. Según la visión de Fernández, entonces, sería lógico pensar en una Presidenta que puede cambiar impuestos a su antojo (retenciones), conformar alianzas con el solo propósito de ganar elecciones (radicales “K” o personajes largamente criticados como Menem en La Rioja o Lucía Corpacci Saadi en Catamarca) o soslayar el concepto de federalismo, consagrado en la Constitución Nacional (desoyendo la legitimidad de individuos con una larga trayectoria representando o conduciendo a sus estados provinciales, nominando desde Buenos Aires los candidatos en dichas provincias).El caso de Carlos V es paradójico. De amplísimo desempeño político, es de esos personajes que en lo público no abundan. Con una honestidad intachable, lideró la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación durante varios años, gobernó La Pampa sin pretender modificar la Constitución Provincial, y dejó su cargo tras cuatro años de mandato con una popularidad altísima. Se ve que también el doctor Abal Medina, secretario de Estado, dejó de lado siglos de historia y poco ha estudiado las vicisitudes de la política pampeana, dado que en su insolente juventud afirmó que Carlos V renunció “por miedo a perder”.Si la decisión del actual senador Carlos V será el comienzo de una resistencia generalizada a los atropellos presidenciales, sólo el tiempo lo dirá. No obstante, las repercusiones del caso han sido lo suficientemente amplias como para que el suceso quede debidamente asentado.El caso, además, excede la frontera de lo político, y encierra el concepto de dignidad (comprendido, entre otros documentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Nacional). Pero “sólo en libertad política”, dice Schiller -gran poeta, dramaturgo y filósofo alemán- “el hombre puede velar por su sentimiento de dignidad”. Sólo en libertad política.