El escándalo por las amenazas al referí Sergio Pezzota en el entretiempo del partido en el que River Plate descendió al Nacional B del fútbol argentino, tiene un costado hasta ahora desconocido y que muestra hasta qué punto desde las fuerzas de seguridad se puede manipular una causa judicial.

(Cuarto Intermedio – 21 de julio de 2011)- El fiscal de distrito de Saavedra, José María Campagnoli, imputó al subcomisario de la seccional 51 de la Policía Federal, Rubén Aguilar. ¿Por qué? Porque el uniformado hizo una “trampita” que demoró casi tres semanas la investigación. Cuando Pezzota fue amenazado, le informó inmediatamente a un policía en el Estadio Monumental,  y éste a su vez le trasmitió la novedad a Aguilar. Pero el policía, en lugar de darle parte al fiscal Campagnoli, quien está de turno permanente con los episodios que ocurren en cancha de River, formuló la consulta con el fiscal Augusto César Troncoso, quien había intervenido en un episodio que había tenido lugar 24 horas antes. El policía “inventó” una conexidad para sacarle la causa al fiscal natural, y abrió así una contienda de “competencia” entre cuatro jueces que obligó a la Sala Especial de la Cámara del Crimen a intervenir en dos oportunidades para definir quién debía quedarse con la  investigación. Ese trámite insumió dos semanas, tiempo más que suficiente para que se diluyeran pruebas, se aquietaran los ánimos y cada uno de los potenciales imputados pudiera elaborar una estrategia de defensa. Tanto es así, que Daniel Bravo, el dirigente de River sospechado de haber tenido connivencia con los barras que apretaron a Pezzota, eligió al mediático abogado José Vera para que lo defendiera ante una eventual imputación. El presidente de River, Daniel Passarella, estaba en Italia concretando la venta de Erik Lamela. Desde allí lo llamó a Vera para que asumiera la defensa de Bravo y, si fuera necesario, también del resto de los directivos que resultaran investigados.