La “investigación” (si es que así puede llamarse a un expediente abierto durante casi 20 años sin imputados ni detenidos) por el atentado del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel sigue abierta.  

(Cuarto Intermedio – 3 de agosto de 2011)- Independientemente de ello, el gobierno nacional promulgó la semana pasada su “punto final K”, una ley que procura cambiar justicia por dinero. El gobierno promulgó la ley que establece un subsidio a percibir “por única vez” para las víctimas del atentado. Siempre se dijo que los fallecidos habían sido 29, pero según la “investigación” que tiene a su cargo directamente la Corte Suprema (el secretario Esteban Canevari), son 21. No es un dato menor teniendo en cuenta que los deudos de cada uno de ellos cobrará entre 800 mil y un millón de pesos. La ley 26.690 y el decreto que la promulga establecen que el subsidio, que será liquidado en bonos y por única vez, comprende también a quienes hubieran sufrido lesiones “graves o gravísimas”, y “hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional”. Pero el artículo 11 de la ley contiene el “punto final K”, ya que establece que: “si existieren acciones judiciales contra el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de solicitar el resarcimiento económico que la misma establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción”. Una condición inesperada para un gobierno que apoya y sostiene desde todo punto de vista a Hebe de Bonafini, cuya principal diferencia con las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora es, precisamente, que nunca aceptó una indemnización del Estado por sus hijos desaparecidos.